Periodista
A mes y medio de las elecciones legislativas y en plena campaña electoral se reabre el debate sobre la necesidad o no de iniciar un proceso de descentralización de la justicia, donde los tribunales superiores cobrarían un mayor protagonismo en el desarrollo de los procedimientos.
Sin entrar en una valoración profunda del debate, lo que más llama la atención en este asunto es que aún se sopese una cuestión que hace mucho tiempo tenía que estar resuelta o en vías de resolución. El Estado de las autonomías supuso una necesaria descentralización de los órganos de poder que al ámbito de la justicia aún no ha llegado. En este largo camino se ha avanzado y mucho en cuanto a otras áreas de la Administración, lo que ha repercutido de manera muy positiva de cara al administrado; sin embargo, ni siquiera las pretensiones del Pacto por la Justicia suscrito por las principales fuerzas políticas ha podido acelerar un proceso más que necesario para reavivar una Administración que hoy por hoy es la peor valorada por los ciudadanos.
Dotar a los tribunales superiores de mayores competencias es un primer paso para esa descentralización; pero no podrá ser la única vía de escape si, entre esas atribuciones, no se contemplan otras cuestiones como una autonomía financiera que posibilite el normal desarrollo de sus funciones. Los juzgados acumulan una larga lista de casos no resueltos y, aunque la situación en los tribunales extremeños no es peor ni mejor que la que se da en otras comunidades, lo cierto es que arrastra las mismas carencias. ¿Por qué no aplicar en su totalidad lo que un día se pactó y se lleva hasta las últimas consecuencias los postulados de nuestra Carta Magna? Es una cuestión de valentía más que de recursos.
