TLtos últimos datos estadísticos revelan que el ritmo de crecimiento económico en España se ha estabilizado en torno al 3 por 100. Lo positivo es que con este índice de crecimiento -salvo el resultado negativo del pasado febrero- se está creando empleo. Los factores que han contribuido a favorecer la recuperación económica son el dinamismo del sector privado, la bonanza turística y la bajada de los precios de los crudos, sin olvidar al sector público, que ha dejado a un lado la congelación de la oferta de empleo de los años precedentes, hecho muy a tener en cuenta en un país como España con graves problemas de déficit público.

Al margen de estos datos que desprenden optimismo, un análisis más profundo de la realidad económica nos lleva a constatar que la tasa media de paro se sitúa aún cercana al 21%. Y aunque en el último año este índice ha descendido en casi tres puntos, España acumula ya cinco años consecutivos con tasas de desempleo superiores al 20%, una de las más altas de la UE. Todo un hito histórico.

En la pasada legislatura el desempleo bajó en más de medio millón de personas, pero en el cómputo general se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. Esta aparente contradicción se explica por la caída de la población activa. Otro punto negro de nuestra economía es la precariedad laboral y el encadenamiento de contratos temporales, principalmente entre los jóvenes: el pasado año se firmaron más de diecisiete millones de contratos temporales y más de seis millones de contratos a tiempo parcial.

Con estos presupuestos es fácil comprender que los ingresos por familia se contraigan y que la recuperación económica no reduzca la pobreza en España.

Las previsiones para el futuro próximo no son muy halagüeñas. Además de la situación crítica de los países emergentes, la Unión Europea languidece por falta de estímulos económicos y en nuestro país ha comenzado el éxodo de capitales. Ante estos retos, las soluciones no son fáciles. Se impone buscar estabilidad con la formación rápida de un Gobierno que siente las bases para promover un crecimiento económico sostenible y que ponga en práctica políticas sociales que combatan las desigualdades sociales. Sin olvidar la necesaria moralización de la vida pública para desterrar la corrupción. En otro caso, las tensiones sociales y la incertidumbre política podrían exacerbar los radicalismos.