No cabe duda de que la altísima tasa de desempleo en España es nuestro principal problema económico y social, además de suponer la singularidad fundamental de las consecuencias de la recesión respecto a otros países. Se trata de la mayor preocupación para una gran parte de la ciudadanía. Por eso creo oportuno continuar con la reflexión iniciada en este mismo espacio el pasado 16 de septiembre, cuando ya planteaba la gravedad de la indefinición del modelo productivo español, y apuntaba a una más racional y eficiente explotación del turismo como posible paliativo transitorio.

Antes de pararse a pensar en cosas que pueden hacerse y que no se están haciendo, sería bueno definir cómo se están haciendo aquellas que están en marcha. En este sentido, uno de los problemas endémicos de la administración española es que nadie ha sabido, a pesar de no parecer muy complicado, crear un verdadero servicio de inserción laboral, que nada debería tener que ver ni con el antiguo INEM (Instituto Nacional de Empleo) ni con el actual SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que, junto a los diversos organismos autonómicos, conforman el Sistema Nacional de Empleo.

Lo primero que habría que preguntarse es si tiene algún sentido que existan organismos regionales y estatales para llevar a cabo partes diferentes de una misma gestión, eso cuando no entran en conflicto; sería bueno conocer qué porcentaje de la ciudadanía sabe a qué se dedica el SEPE y a qué se dedican los servicios autonómicos, para comprobar la distancia sideral entre usos administrativos y satisfacción ciudadana.

En segundo lugar, y esta es la madre del cordero, es imprescindible que exista un servicio integral y eficaz de inserción laboral, y no un conjunto de oficinas destinado, meramente, a gestionar la burocracia que conlleva la concesión de prestaciones por desempleo. La pregunta del millón sería, ¿a cuánta gente conoce usted que haya encontrado trabajo a través de los servicios públicos de empleo? Hasta el punto de que ya la ciudadanía no cuenta en absoluto con esta vía para mejorar su situación laboral.

XY ES LAMENTABLE,x porque es la administración la que tiene la información y los recursos necesarios para poner en marcha un sistema de (re)ubicación laboral que los trabajadores españoles necesitamos urgentemente. ¿Tan difícil es diseñar tablas de demandantes de empleo y de empresas oferentes que se puedan cruzar con un mínimo de eficiencia? ¿Tan complicado resulta legislar y gestionar para que no sea el contacto personal y el boca a oreja lo que suponga la fórmula principal de encontrar trabajo en un país supuestamente desarrollado? ¿De verdad es tan complejo que no hemos sido capaces de hacerlo en un tercio de siglo de democracia?

En tercer lugar, habría que hablar de formación. Un sistema público de empleo del siglo XXI debe colocar esta idea en el centro de sus objetivos y de su gestión: reciclaje permanente que introduzca las innovaciones propias de cada puesto de trabajo, refuerzo de las aptitudes de los desempleados, identificación y potenciación del talento en los trabajadores de baja cualificación y difícil ubicación, y un largo etcétera.

En cuarto lugar, y esto compete más al ámbito legislativo que administrativo, es urgente consolidar y blindar la protección para el desempleado, a través del actual sistema de prestación, convenientemente mejorado. Estábamos acostumbrados a dar por supuesto que determinados logros sociales del Estado de bienestar eran para siempre, pero la apropiación de la política por parte de los mercados nos ha demostrado que es justo al revés. Hasta el punto de que los dos grandes partidos fueron capaces de pactar un cambio en la Constitución -algo excepcional hasta el momento- para dar prioridad al pago de la deuda pública antes que a cualquier otro gasto, pero está por ver que algún día quieran pactar para asegurar el Estado Social que consagra la Carta Magna.

Es posible que mientras usted leía este texto, igual que yo al escribirlo, haya pensado que algunas de estas cosas ya las hacen las empresas privadas: las consultoras de formación o los portales de búsqueda de empleo, por ejemplo. Y yo pregunto: ¿no será esa una de las razones por las que los servicios prestados por el Estado son tan deficientes? ¿No se habrá preferido transferir la mayor parte de esta gestión al sector privado por la vía de la dejación de funciones institucional? No creo en la estatalización de toda la economía --aunque sí de algunos sectores estratégicos--, pero que nadie dude que el primer objetivo de la empresa privada es ganar dinero, no formar óptimamente a los trabajadores o lograr que encuentren un buen empleo. Así que quizá habría que comenzar por crear empleo público de calidad que, a su vez, sirva para atender debidamente las necesidades de trabajadores y desempleados.