En 1989 la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) celebró en Cáceres sus VIII Jornadas de Debate. El tema elegido fue Desigualdades Sanitarias. Los análisis realizados en los grupos de trabajo evidenciaron las importantes diferencias en recursos entre comunidades que imposibilitaban el acceso en condiciones de equidad a la atención sanitaria. Para la FADSP, las transferencias sanitarias adecuadamente financiadas, al trasladar la toma de decisiones al lugar más próximo a los ciudadanos, permitiría responder adecuadamente a sus necesidades. La finalización de las transferencias sanitarias en 2001 fue el punto de salida para el desarrollo de 17 servicios sanitarios que partían con diferentes recursos y distintos niveles de privatización sanitaria.

La FADSP publica desde 2004 su informe anual «Los Servicios Sanitarios de las CCAA» en el que analiza comparativamente 30 parámetros relacionados con financiación, recursos, política farmacéutica, valoración ciudadana, listas de espera y privatización. El 2 de septiembre de 2009, este diario recogía el análisis de la FADSP y titulaba: Extremadura y Euskadi, las regiones que prestan mejores servicios sanitarios. Eran también las de mayor gasto sanitario público por habitante: 1.575 euros Extremadura y 1.595 euros el Pais Vasco. Extremadura era también la comunidad con menor porcentaje de gasto sanitario privado. La información recogía mis declaraciones como portavoz de la ADSP. Valoraba «el gran esfuerzo hecho en la región en la dotación de recursos y el empeño en ponerse al nivel de otras CCAA». En septiembre de 2017 se ha hecho público el XIV Informe. Desde la llegada de la crisis, nuestra comunidad se sitúa entre el 7º y el 9º puesto excepto en 2014 y 2015 en que se situó en los puestos 12 y 14. En este período el servicio mejor valorado ha sido Navarra en 7 ocasiones y el País Vasco en una ocasión.

La posibilidad de gasto de cada comunidad está muy relacionada con la cantidad que recibe a través del sistema de financiación autonómica. Este sistema no es finalista, pero condiciona la disponibilidad presupuestaria de cada comunidad. Como consecuencia de la asimetría del sistema de financiación, las CCAA de régimen foral pueden destinar más presupuesto a sus servicios sanitarios, y en consecuencia disponen de más recursos y de mejor acceso a servicios esenciales. Era previsible que la agresión a los servicios sanitarios públicos con recortes de 15.000 a 20.000 millones de euros, tendrían repercusión en la atención sanitaria que reciben los ciudadanos, especialmente en las comunidades más pobres.

El presupuesto de Extremadura bajó a 1.390 euros/habitante en 2011 y se sitúa en 1.422 en el informe publicado este año. Mientras, los presupuestos del País Vasco y Navarra se mantienen en 1.633 euros/habitante. El número de médicos de atención especializada por 1.000 habitantes de Navarra es de 2,39, el de Extremadura es de 1,75. Este dato puede explicar las diferencias apreciables en las listas de espera: el porcentaje de personas que obtienen cita con el especialista en menos de 15 días es el 27,5% en el País Vasco y el 9,2% en Extremadura. Se evidencia, una vez más, que el gasto sanitario público es decisivo para garantizar la atención a los ciudadanos y que la reducción del presupuesto tiene repercusión en los recursos disponibles y en la salud de la población.

La reducción de gasto público da oportunidades a la privatización. El Plan de la Sanidad Privada para las listas de espera calcula que Extremadura necesitaría aportar 55 millones de euros (el 2,8% de su presupuesto sanitario) y el Pais Vasco 41 millones de euros (el 1,2%). La privatización del sistema sanitario no es la solución. Extremadura con el menor porcentaje de gasto sanitario privado, consiguió en 2009 colocarse en cabeza de los sistemas sanitarios.

Desde nuestra Comunidad debe reivindicarse un sistema de financiación más justo que contemple las necesidades de gasto derivadas de la extensión de su territorio. En 2018 debe continuar haciéndose un esfuerzo presupuestario para recuperar el gasto sanitario público previo a la crisis. La gestión de ese presupuesto debe corregir importantes ineficiencias, siendo la más llamativa en Extremadura la incapacidad para controlar el gasto farmacéutico. Su reducción al nivel de otras comunidades con características demográficas similares permitiría incorporar al SES los profesionales necesarios para reducir las dificultades de acceso.