Feval retornó ayer inesperadamente a la actualidad informativa al hacerse público que dos trabajadores del área económica de la institución, uno de ellos el auditor interno, fueron despedidos el pasado día 3 por considerar que habían abusado de la confianza de los responsables del organismo. No se trata de dos despidos comunes, puesto que la causa que los motiva es la polémica existente en torno a Feval desde que salió en los medios de comunicación una denuncia del PP que habla de ´presuntas irregularidades contables e instalaciones de lujo para uso de sus directivos´, entre las que se citaba un spa, una pista de squash y un jacuzzi. Estos dos trabajadores admiten haber advertido a los tres principales partidos políticos de que las cuentas de la Institución Ferial no están claras y de que, cuando les obligaron a sancionarlas con su firma, hicieron numerosas advertencias sobre su irregularidad.

Es evidente que existe una desconfianza de los directivos de Feval hacia los dos despedidos. Lo que no está tan claro es que la actuación de los directivos sea la más digna de confianza por parte de los ciudadanos. Que una discrepancia en las cuentas, que una advertencia de ilegalidad se salde con la pérdida del trabajo, es un castigo bárbaro que le hace perder la razón a quienes lo deciden. Máxime cuando quienes corren con los gastos --los más de 26.000 euros de unos despidos que en la propia Feval se admite que son improcedentes-- son los ciudadanos, porque esa institución se nutre, en parte, de ellos.