WLwos vuelos de Canarias a la Península de inmigrantes inexpulsables de España empezaron en el 2002. Desde entonces, para evitar que se quedasen en las islas, unas 16.000 personas han sido desplazadas con dinero público a otras autonomías. Muchas veces sin avisar a los servicios sociales, y abandonándolas en los puntos de destino sin ningún recurso. Empezó a hacerse durante el Gobierno del PP, quejándose entonces Cataluña, y se sigue haciendo ahora, en etapa socialista, con críticas de los populares que gobiernan Murcia y Valencia.
La llegada de africanos de países con los que no hay convenios de repatriación plantea un problema. Ni se les puede expulsar ni se les regulariza, de modo que engrosan la inmigración más desvalida y susceptible de acabar en la delincuencia.
El Gobierno anuncia que a partir de este momento sólo se efectuarán traslados pactados con las autonomías y con planes de acogida. Pero es un parche. Hay que pactar acuerdos de repatriación con los países de procedencia más habituales, y dar trabajo legal provisional a quienes se tengan que quedar en España. Todo lo que no sea eso incrementará las situaciones de extrema marginalidad y aumentará la inseguridad ciudadana.
