En Castilla-La Mancha, entrantes y salientes andan a la greña en un espectáculo poco edificante. Quienes por merecer la confianza de los votantes van a encargarse de su Gobierno en los próximos años no se fían de las cuentas que les presentan quienes han de abandonar las poltronas. Aseguran aquellos que la primera medida que tomarán será encargar una auditoría a unos expertos independientes, seguramente una de las multinacionales con nombre extranjero que dominan el mercado. Esta amenaza la hemos oído muchas veces en ocasiones anteriores en otras comunidades autónomas cuando su Gobierno, por mor de los resultados electorales, ha cambiado de color. Pero esta vez el tono de voz empleado por los protagonistas ha subido en decibelios y las acusaciones, por uno y otro lado, han sido de muy grueso calibre. Tanto como para afirmar que Castilla-La Mancha era para España lo que Grecia para la Unión Europea.
Mirada fríamente, la amenaza tiene poca credibilidad. Una auditoría a fondo de las cuentas de una Administración tan compleja como la de la referida comunidad requiere mucho tiempo. Hace falta repasar minuciosamente los documentos contables y de otro tipo de todas y cada una de las múltiples entidades que forman el mosaico público autonómico, y ello no es tarea fácil. Sus resultados solo se conocerían después de muchos meses, cuando la polémica ya se habría olvidado habiéndose mezclado los efectos de los a la sazón gestores con los de quienes los habían precedido.
XPERO MIx intención es subrayar los efectos colaterales de este tipo de discusiones. Porque, tal como señala su Estatuto, entre los instrumentos de que se ha dotado la comunidad manchega hay una Sindicatura encargada de fiscalizar permanentemente sus cuentas públicas y velar por la ortodoxia legal de las actuaciones de todas las instancias gubernamentales autonómicas. Dicho organismo está integrado por cuatro o cinco expertos que han sido nombrados por los mismos que ahora andan a la greña y exigen que la luz y los taquígrafos sean aportados, a cambio de sustanciosos honorarios, por unas firmas privadas de exóticos nombres. Ello demuestra que quienes se aprestan a acceder al poder o bien ignoran o bien no se fían de un órgano formado por profesionales en cuyo nombramiento, aunque sea parcialmente, ellos mismos participaron. Cualquiera que sea la hipótesis cierta, la coherencia nos llevaría a creer que tan pronto como tengan la vara de mando en su mano procederán a eliminar dicha Sindicatura que tan poco crédito les merece.
Una posible explicación de este desprecio por los informes de la Sindicatura es malévola y se resumiría en el proverbio castellano "cree el ladrón que todos son de su condición". En la medida que quienes ahora exigen una auditoría saben que, en el pretérito, los candidatos que propusieron para formar parte de la Sindicatura fueron elegidos no por su valía profesional sino por afinidades ideológicas, lógicamente piensan que los otros partidos debieron actuar de la misma manera. Ergo, la confianza en la objetividad de este órgano colegiado es perfectamente descriptible.
Este caso se repite una y otra vez en todos los ámbitos, y no solo geográficos. En las instancias superiores de la justicia lo hace de forma clamorosa. Antes de conocer la sentencia, los avezados saben cuál va a ser el resultado de la votación entre los magistrados que han de dirimir el caso. Nuestra clase política no se fía de la Administración que ella misma forma y controla, y duda de la eficacia de su funcionamiento. No sé si son conscientes, pero con tal proceder ayudan al desprestigio de lo público, que es precisamente lo que ellos tienen en sus manos y que deberían tratar con sumo cuidado. Y así vemos, por ejemplo, cómo bien conocidos prohombres de partidos de izquierda se llenan la boca ensalzando la calidad de la enseñanza pública pero a la hora de la verdad envían a sus hijos a formarse en centros privados. O cómo, por nuestras latitudes, eligen siempre escuelas de negocios, cierto que de gran prestigio, privadas e incluso confesionales para presentar sus programas electorales, aprobar proclamas en pro de una reforma de la gestión aeroportuaria o bien para elaborar todo tipo de informes en que apoyar sus decisiones. Relegan la universidad pública a un segundo plano cuando se pretende publicidad y tener mucho eco en los medios de comunicación.
Los recortes que ahora se imponen, y que son inevitables dada la situación crítica de nuestra economía, pueden añadir leña al fuego y ayudar al desprestigio de lo público. Por ello debería ponerse sumo cuidado en su diseño y aplicación. No es una tarea fácil, y mucho menos simpática. Pero hay que evitar que dañe de manera irremediable a actividades y servicios prestados por el sector público a través de una pérdida de calidad que empañe su prestigio. Porque la reputación es un intangible muy difícil de acumular, pero de muy fácil evaporación.
