El acuerdo por el cual el Gobierno pagará a Andalucía, antes de marzo del 2010, más de 1.200 millones de euros en concepto de "deuda histórica", ha creado en Extremadura una polémica entre la Junta y el PP. Este partido reclama que el Gobierno regional y el PSOE que lo sustenta se movilice para lograr lo que ha logrado Andalucía. Su posición es la lógica, máxime cuando ese compromiso del Gobierno puede complicar la todavía pendiente financiación autonómica, como lo ha hecho ya el que adquirió el Ejecutivo de Zapatero con Cataluña por aceptar que en su Estatuto se igualase la aportación estatal a lo que esa comunidad representa en el PIB nacional. El Estatuto catalán ya dificulta la negociación sobre la financiación, puesto que se inicia con exigencias previas. El acuerdo del Gobierno con Andalucía es una exigencia previa más.
En este contexto, la Junta no puede adoptar la posición de echar balones fuera sin que reciba críticas ciudadanas. Decir que el asunto de la deuda ahora "no toca", o reprochar al PP que saque la discusión a la calle en lugar de circunscribirla al Parlamento (el Parlamento, en una democracia, es la representación de la calle, y existe solo porque físicamente no caben todos los ciudadanos en el Parlamento) son mensajes que a la ciudadanía les llega como el intento de la Junta de desviar la atención. La deuda histórica para con Extremadura existe. Está en el Estatuto del 83 y estará en el nuevo. Para Extremadura sería muy deseable que el Gobierno hubiera puesto plazo para pagarla, como lo ha hecho con Andalucía. ¿Por qué no vamos a aspirar lo extremeños a lo que ya tienen los andaluces?
