WLwa diputación de Cáceres, gobernada por el PSOE, ha exigido al ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, que le pague 2,3 millones de euros en concepto de atrasos por el servicio de bomberos que la primera presta al segundo. La deuda, según la diputación, se remonta seis años. El ayuntamiento ha respondido afirmando que "echarán cuentas" sobre lo que debe cada institución. El hecho de que la diputación exija ahora el pago por el servicio de extinción de incendios, inmediatamente después de la huelga de sus bomberos, hace que resulte muy difícil pensar que se trata de una casualidad, porque no es excepcional que los organismos públicos se deban dinero; se trata más bien de la respuesta a la actitud mantenida por los responsables del PP -y entre ellos el alcalde de Cáceres-- con respecto a ese conflicto. Una actitud aprovechada, con continuas visitas a los parques, que desgraciadamente es la que se estila según el juego político existente, pero que pasaría a ser algo peor que aprovechada si en la primera oportunidad el ayuntamiento, como con buen criterio le exige el grupo municipal socialista, no equiparara las condiciones laborales de sus bomberos a las conseguidas, con el aliento explícito del PP, por los de la diputación.
