Hoy se celebra el día internacional de la seguridad y salud en el trabajo. Los más de dos millones de trabajadores que mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes laborales, el enorme impacto económico de esas tragedias personales --que se cifra en torno al 4% del PIB mundial-- y la necesidad de implicar a todos en el esfuerzo que las administraciones y agentes sociales estamos haciendo para mitigar este mal, justifican sobradamente esta conmemoración.
Extremadura es la región española que ofrece las cifras menos malas --pues en esta materia nunca son buenas-- de siniestralidad laboral. Nuestro es el menor Indice de Incidencia de todo el país, un indicador que mide el número de accidentes laborales con baja por cada 100.000 trabajadores. Y aunque todo accidente laboral supone un fracaso, lo cierto es que de los 22 accidentes mortales en centro de trabajo registrados en Extremadura durante 2006, la mitad correspondieron a patologías no traumáticas (infartos) y a desplazamientos de tráfico.
La búsqueda de explicaciones a este problema nos obliga a reparar en el vigor de la economía regional y en su capacidad para crear empleo, nos lleva a constatar la negativa influencia de factores como la temporalidad o la subcontratación en la calidad del empleo, y nos fuerza a reconocer la todavía baja cultura preventiva de nuestra sociedad.
XESTAMOS, PORx tanto, ante una cuestión compleja y multicausal, cuyas soluciones han de ser integrales y deben conllevar el compromiso de todas las partes implicadas. Así, al Gobierno central le corresponde actuar en el ámbito legislativo. Un buen ejemplo de esta labor es la reciente entrada en vigor de la ley que regula la subcontratación en el sector de la construcción. A los gobiernos regionales nos incumbe la ejecución, vigilancia y control de esta normativa. La Junta viene ejerciendo esta competencia mediante el diálogo con los interlocutores sociales más representativos. Los frutos más relevantes de esta apuesta son los cinco Planes de Empleo pactados a lo largo de los últimos años, y los más específicos de Prevención de Riesgos Laborales.
En este sentido apuntan medidas como la campaña suplementaria a la del Estado emprendida por la Junta de Extremadura para la conversión de contratos temporales en indefinidos, o la labor de la Inspección de Trabajo con las campañas dirigidas a empresas que abusan de la contratación temporal. La primera ha permitido que Extremadura haya sido la región en la que más ha crecido la contratación indefinida en los últimos meses, veinte puntos por encima de la media nacional; y gracias a la segunda, el año pasado más de dos mil trabajadores vieron transformados sus contratos temporales en indefinidos.
En el último año se han puesto en marcha una serie de actuaciones tendentes a reducir la siniestralidad, entre las que destacan el aumento en más de un 30% de la plantilla de inspectores de Trabajo en la región, la habilitación de técnicos de la Junta para realizar funciones inspectoras hasta ahora reservadas a los inspectores del Estado, el establecimiento de guardias localizadas para realizar la investigación de accidentes mortales nada más producirse, un mayor control sobre los Servicios de Prevención Ajenos, y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado para la vigilancia de conductas imprudentes que generan accidentes; así como las desarrolladas en el terreno de la formación preventiva.
Pero la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo es una tarea que no sólo reclama el compromiso de las administraciones: exige, además, un cambio de mentalidad en los actores directamente implicados que cale en toda la sociedad. Se puede actuar sobre todos los factores que inciden en los accidentes laborales, pero todo esto no será realmente útil si no cambia la mentalidad de la sociedad. Los trabajadores, percatándose de que no hay excusas para la desidia en un asunto del que puede depender su vida; ni motivos tan poderosos que les fuercen a renunciar a unos derechos que la ley les concede. Los empresarios, asumiendo que las inversiones en seguridad y salud laboral --además de moralmente debidas y legalmente exigidas-- son rentables: en primer lugar, porque siempre serán menores que el coste de hacer frente a las sanciones que se deriven de un eventual incumplimiento de la normativa. Y, sobre todo, porque un entorno laboral saludable y seguro es condición indispensable para que el trabajador se encuentre a gusto, y para que, a partir de ahí, pueda, no sólo incrementar su rendimiento, sino llegar a sentirse parte del proyecto empresarial. Y todos los ciudadanos, reparando en que no es posible una sociedad justa y verdaderamente cohesionada si el trabajo que la hace funcionar no se desarrolla en condiciones dignas, y si un cierto nivel de calidad en el empleo no se erige en límite infranqueable para el afán de lucro.
*Consejero de Economía y Trabajode la Junta de Extremadura
