WEw l histórico proceso de paz del País Vasco vive momentos críticos. Los altercados callejeros, la demostración de fuerza aberzale en la manifestación del sábado, el segundo capítulo de la huelga de Iñaki de Juana Chaos, pero, de manera especial, la agresión a los policías municipales de Bilbao y el asalto a la sede socialista de Barakaldo colocan al Gobierno en una encrucijada de difícil solución y hacen vislumbrar un futuro incierto en el que el PP puede tener la ganancia de los pescadores en río revuelto.
El Ejecutivo de Zapatero tuvo la valentía de iniciar un proceso en el que apostaba buena parte de su crédito político, pero se ha encontrado con decisiones judiciales difíciles de digerir, con la cerrazón de la derecha --que antepone intereses partidistas-- y con una actitud recalcitrante de los sectores independentistas, que parecen preferir el amago y el chantaje antes que el juego limpio. Por si fuera poco, y a pesar de lo que diga Arnaldo Otegi, no es suficiente confiar en la "voluntad manifiesta y fehaciente" de ETA en torno a su adiós a las armas, sino que se precisa una verificación explícita que no aparece por ninguna parte casi ocho meses después del alto el fuego.
La gravedad de los incidentes y el acoso a que se ve sometida la paz no pueden acabar en un derribo definitivo. Con el aumento cuantitativo de la violencia, si es que se trata de una estrategia de la negociación, corremos el riesgo de padecer un más allá cualitativo que destrozaría cualquier atisbo de esperanza. Tres años y medio sin asesinatos es un activo de enorme trascendencia que, de ninguna manera, ni humana ni políticamente, la sociedad puede perder.
