En Estados Unidos el proceso de indemnizaciones debido al fraude de Volkswagen (VW) está muy avanzado. Hay un acuerdo por el que los 450.000 vehículos afectados recibirán 14.700 millones de dólares -de 5.000 a 10.000 dólares por vehículo-, además de la reparación. Se ha ultimado un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para evitar la multa a pagar por causas penales, se ha pactado un pago a los concesionarios y se ha implicado a la empresa Bosch por colaborar en el desarrollo y aplicación del software fraudulento, aunque advirtió a VW en el 2007 sobre el uso indebido del mismo.
La actuación en Europa es muy diferente, solo cubre la reparación. Los vehículos diésel son del orden del 50%, mientras que en Estados Unidos, son marginales, solo un 3%.
La reacción aquí es muy vergonzosa, con 8,5 millones de vehículos afectados. La Comisión Europea y los estados miembros deben asumir sus responsabilidades, y se arrastran en investigaciones difusas. Bruselas se escuda en que no tiene competencias y que el asunto corresponde a los tribunales de cada país.
La Comisión y el Gobierno alemán conocían, al menos desde el 2010, la manipulación de las emisiones de los coches diésel; sabían que las emisiones reales eran entre 5 y 14 veces superiores a las de homologación, incluidas los de la norma Euro 6 que entró en vigor en septiembre del 2015. La respuesta ha sido alargar los plazos de ajuste de la norma hasta septiembre de 2017, una medida que el Gobierno español apoyó. El sistema europeo de homologación es anticuado y no refleja las condiciones reales de circulación.
Otro punto importante es el carácter estratégico y de competencia entre potencias: Estados Unidos versus Europa. Y entre fabricantes: fábricas alemanas versus francesas e italianas. Desde Francia se ha indicado que existen evidencias que sugieren que la denuncia del fraude de VW fue intencionada para fortalecer la posición económica de Estados Unidos frente a la Unión Europea. Además, Alemania cuestiona las emisiones de otros fabricantes europeos mediante peticiones a la Comisión Europea.
En España, con 638.000 vehículos afectados, VW avanza lentamente en su revisión, y lo hace según los criterios de la Oficina Federal Alemana de Vehículos Motorizados, que está aprobando a VW el software específico antes de iniciar las revisiones. Ha habido tres sentencias favorables a VW (juzgados de Torrelavega, Zaragoza y València) que eximen a los concesionarios y niegan a los compradores de coches afectados recibir una indemnización o deshacer el contrato de compraventa. No obstante, la Audiencia, el pasado julio, abrió una investigación a VW AG, la matriz alemana, por delitos de defraudación, fraude a las subvenciones y contra el medioambiente. Y el Ministerio de Industria ha abierto un expediente a Seat.
El tema es grave, pues afecta a la salud de las personas, al aire que respiramos todos los días. Los informes de la Organización Mundial de la Salud sobre las muertes relacionadas con la calidad del aire, el último del pasado septiembre, no dejan lugar a dudas.
