Hasta ahora me he resistido a trazar la comparación con una guerra. Ya hemos tenido demasiados fútiles chamanes clamando sobre «alertas», «alarmas» y revoluciones que solo veían ellos como para echarle más madera semántica a la trágica situación. Con el merecidísimo respeto a las víctimas y familiares y todos los profesionales que se han están dejando la piel en sacarnos adelante, para una amplia mayoría sería frívolo considerarnos en medio de un conflicto bélico. Hay comida, conexión con el mundo y, sobre todo, el mayor riesgo que tomas al pisar la calle es llevarte una multa, si es que actúas (o eres, mejor no descartar nada) un irresponsable. No que un francotirador balcánico aceche desde una esquina, sin preguntarte edad, género o ideología.

Pero hay un aspecto donde el símil cobra sentido. Es curioso que se haya producido una inesperada coincidencia en dos influyentes nombres como son Mario Draghi, el expresidente del BCE, y Martin Wolf, editor jefe del Financial Times, en asegurar que los efectos económicos derivados de esta crisis sanitaria se asemejan a los producidos por una guerra.

Las medidas económicas del gobierno están siendo tibias. Creer simplemente en una rápida recuperación, no la asegura. Entiendo que las cifras pueden valer de escudo, el que da la grandilocuencia detrás de los ceros. Pero en cuanto analizas la ejecución de las medidas no sólo esas cifras empequeñecen, sino que se acercan peligrosamente a la categoría de «parche». Porque hay algo que el gobierno ha decidido no asumir: este año para las empresas no tendrá doce meses, sino diez.

Eso, en un escenario optimista. Porque muchos sectores (estoy pensando en el turismo) ya vivieron una contracción de la demanda antes de marzo. Y otros, tendrán difícil una reactivación inmediata, más cuando aún no sabemos qué supondrá realmente el fin del estado de alarma en cuanto al mantenimiento de restricciones y la obligación del distanciamiento social. Además, muchas empresas españolas viven de la exportación, muy incierta dado que en otros países se está iniciando la fase que nosotros vivimos hace dos o tres semanas atrás.

Conviene que empecemos a aterrizar de qué hablamos en España cuando hablamos de «empresas» o «empresarios». Parece como si al pronunciar la palabra, rápidamente la asociáramos a nombres como Inditex, ACS o el Santander. Ojalá, pero el tamaño real de la empresa en España dista de ser siquiera parecido.

El 90% de las empresas en Españas son pymes. Más de la mitad, microempresas (1-2 empleados) o autónomos. El volumen medio de negocio es tremendamente limitado, lo que habla de empresas poco preparadas para un cambio significativo de sus condiciones financieras. Imagínense en el caso de un shock salvaje e inesperado como el que estamos viviendo.

Para la mayoría de las empresas en España, un mes es un drama. Dos, puede suponer el cierre. Y estamos en un escenario en que cualquier previsión de ingresos será poco más que ciencia ficción. De ahí, la proliferación de los ERTE. Por lo tanto, las medidas gubernamentales no pueden ser una demora en el pago de impuestos (que salen de los ingresos, inexistentes) o una financiación para suplementar la caída de facturación, de la cual parte destinas al propio sustento del estado, como cotizaciones sociales que han ido al alza en los últimos años. No puede querer sustentarse el presupuesto como si nada hubiera pasado.

Nadie discute que las vidas están por encima de todo. Ocurre que un parón prolongado de la economía (y esto ya lo es) puede también poner en riesgo muchas vidas. Para salvar personas, pongamos el foco en las empresas; especialmente, en un país como España, en el que ya hemos vivido la consecuencia de la destrucción de las pequeñas y medianas empresas recientemente.

«En las guerras, los gobiernos gastan generosamente. Ahora deben movilizar todos sus recursos para evitar un desastre». Los propios estados reclamaron rápidamente la actuación de los bancos centrales como prestamista de último recurso. Pues bien, ahora deben actuar como «consumidores de último recurso» (Wolf dixit). El estado debe decidir superponerse al sector privado, minimizando a corto plazo los costes de la brutal caída de ingresos.

Una inyección de liquidez que conduzca primero a repagar impuestos no generará confianza en la economía. Ese lleva a despidos y una mayor depresión del consumo. Ese es el amenazador círculo que evitar. Ahora, más que nunca, una patada adelante no servirá.

*Abogado. Especialista en finanzas.