Opinan algunos observadores de lo que está ocurriendo en Marbella que el dinero negro que allí fluía se está desplazando a otras ciudades donde no hay tantos mirones para, como el que cambia de identidad, mezclarse con el blanco e iniciar una nueva vida. Las ciudades afortunadas son aquellas donde según dicen se ha desatado la fiebre por construir pese a que la población, es decir, la demanda real de vivienda, no aumenta en consonancia. Cuando un ayuntamiento difunde que se dan facilidades urbanísticas está generando un efecto llamada a inversores que necesitan de cierto tinglado para gastar, en un ambiente de relajación administrativa cuya inobservancia de las normas se pretende justificar con que se crea empleo y riqueza.

Empresarios y políticos necesitan, para esta relajación administrativa, de ciertos funcionarios públicos que se convierten en colaboradores necesarios para dar apariencia de legalidad a esas actuaciones urbanísticas, y elaborarán informes favorables, por encargo del político, para aprobar proyectos claramente contrarios a los planes de urbanismo; o por encargo del empresario cuando el contenido de esos informes da vía libre a proyectos en cuya elaboración, ejecución o beneficios participan esos funcionarios, probablemente, a través de otras personas o empresas.

Pero esta vorágine de vivienda nueva no busca satisfacer una demanda real, aunque se venda todo lo que se edifique, porque si partimos de que una unidad familiar (de uno o más individuos) sólo necesita una vivienda para vivir, el exceso sobre las verdaderamente necesarias obedece, sin lugar a dudas, a otro tipo de demanda que no es la de servir de residencia a una familia, convirtiéndose en mero objeto de especulación, lo que inclina a muchos a pensar que allí donde se da este fenómeno se puede estar blanqueando dinero. Resulta llamativo en algunas ciudades el hecho de que habiendo más de una vivienda por habitante, muchos individuos no puedan acceder en propiedad a una de ellas.

El convenio urbanístico se ha convertido en los últimos años en el vehículo de corrupción urbanística más usado. Ha supuesto para muchos la posibilidad de pactar al margen de las leyes y de los planes de urbanismo, de elaborar para sí su propia norma y manera de cumplirla. Ha supuesto, en definitiva, una manera de dar tratamiento privado a los asuntos públicos.

Quitar algunas competencias urbanísticas a los ayuntamientos y devolverlas al Estado y las comunidades autónomas es hoy un clamor en algunas instancias profesionales y judiciales. Unas leyes estatales que hoy regulan exclusivamente el derecho de propiedad y su valor, y unas leyes autonómicas que descargan en los ayuntamientos de mayor población las decisiones finales de muchos expedientes, pueden convertir con facilidad en corrupto a un edil sin escrúpulos, es como poner la zorra a guardar las gallinas.

El dinero negro busca territorios vírgenes y políticos de enriquecimiento rápido. Aparece allí donde hay una irregularidad urbanística, donde se construyen más viviendas de la cuenta, donde se paga por las cosas más de lo que valen, donde las relaciones de los promotores con la administración municipal son como una luna de miel, allí donde alguien se jacta del desarrollo imparable, pero inexplicable. Allí donde no son las familias quienes buscan vivienda sino las sociedades anónimas y limitadas.

*Exgerente de Urbanismo de Mérida