Dos meses y medio después del terremoto que asoló Haití, y finalizada supuestamente la fase de la ayuda de emergencia, se ha aprobado en la ONU el llamado Plan de Acción para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo destinado a levantar literalmente al país de los escombros. Su puesta en práctica, que prevé actuaciones que requerirán tiempo en aplicarse, es más que urgente cuando el mes de abril marca el inicio de la época de lluvias y más adelante, junio, el de los ciclones. El plan aprobado en la conferencia de donantes reunida en Nueva York considera que la reconstrucción costará 3.900 millones de dólares, de los que la UE y EEUU aportarán el 80%.

La reconstrucción del país que antes del terremoto ya era el más pobre de América plantea numerosos desafíos, no solo sobre la cantidad necesaria, sino sobre cómo debe utilizarse la ayuda. En el pasado, Haití, con unas instituciones débiles y corruptas, ya vivía del asistencialismo exterior sin que los auxilios de diversa índole contribuyeran a una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes ni a la consolidación de unas bases democráticas.

El terremoto que dejó a ras de suelo a buena parte del país se convierte ahora en la ocasión de oro no ya para reconstruirlo, sino para construirlo. El plan presentado por el Gobierno a la ONU constata que la devastación creada el 12 de enero no puede ser solo fruto del terremoto. Fue también el resultado de una excesiva concentración de población en la capital y alrededores, de la falta de construcciones adecuadas, del desastroso estado del medioambiente, y de grandes desequilibrios en el uso de la tierra y en la actividad económica concentrada básicamente en la capital, Puerto Príncipe.

Todos, Gobierno haitiano y donantes, están de acuerdo en la necesidad de una estrategia descentralizada que permita desarrollar el campo y evite el éxodo a la capital que en tres décadas triplicó el número de habitantes hasta los 2,5 millones de un total de 10. La aportación de la comunidad internacional debe servir para crear infraestructuras y una sólida base económica, pero debe también estar dirigida a la creación de instituciones democráticas. De no ser así, si ahora donantes y Gobierno no actúan con rigor y efectividad, Haití puede verse abocado a seguir bajo tutela internacional permanente, algo que no deberían desear ni los haitianos ni la comunidad internacional.