WCw ada año, los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda que forman parte del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha) hacen un análisis sobre el fraude fiscal y el dinero negro que, aun teniendo en cuenta que la materia de la que tratan es, por definición, escurridiza y opaca a cualquier clase de contabilidad, goza del aval de que está elaborado por quienes trabajan en la administración tributaria, aplican las medidas antifraude y saben cuáles son los puntos débiles de las mismas y su forma de, al menos, atemperarlos.

La primera conclusión de ese análisis es que el fraude fiscal en España está muy por encima del de la mayoría de los países de la Unión Europea o, al menos, de los que conforman su núcleo duro. Así, Gestha calcula que el fraude fiscal de la UE-15 ronda el 13% del Producto Interior Bruto, mientras que en España representa entre el 20 y el 25%, unos niveles en los que concuerdan organismos tan poco dados a la exageración como el Banco de España, el Banco Mundial o el Instituto de Estudios Fiscales. Hay mucho margen, por tanto, para presentar batalla en este terreno y homologarse a los países más avanzados de la Unión.

Y dentro de España, Extremadura no representa, lamentablemente, una excepción en cuanto al peso del dinero negro en la economía regional. La sola referencia de que lo que mueve la economía sumergida en nuestra comunidad bastaría para pagar, multiplicada por dos, la factura del Servicio Extremeño de Salud es suficientemente expresiva de que el control y las medidas para hacer aflorar ese dinero y que contribuya al progreso de la sociedad se antojan una prioridad de cualquier gobierno.

Los técnicos del Cuerpo Especial de Gestión de Hacienda apuntan a las pequeñas empresas, que por ley no están obligadas a auditarse, al mercado de coches de lujo, como refugio de dinero opaco y, sobre todo, al sector inmobiliario como las sedes de los principales focos de fraude, y señalan que la evasión fiscal en la construcción y sus sectores relacionados representa en toda España 8.600 millones de euros, de los que 114, es decir, el 13%, se localizan en Extremadura. Nótese que el porcentaje de dinero opaco del mundo del ladrillo en la región es, siempre según Gestha, más de 5 veces superior a lo que la comunidad representa en el PIB nacional, es decir, un nivel desproporcionado. Si a ello añadimos que los autores del estudio consideran que Extremadura es la región campeona del fraude en el alquiler, de tal manera que 8 de cada 10 pisos arrendados, unos 25.000, no se declaran, habrá que convenir que las decisiones de Hacienda deberían centrarse en este sector y en este tipo de infracciones para lo cual tendría que habilitar mecanismos de control más severos que los existentes.

Es un lugar común afirmar que la mejor política de disminución de la presión fiscal es la lucha contra los que no pagan los impuestos a que están obligados. No cabe duda de que si en Extremadura se hiciera aflorar los 3.500 millones que mueven los que no tributan, buenas noticias de supresión de impuestos, como las que prepara la Junta, quedarían empequeñecidas.