WLw a publicación oficial, por vez primera, del patrimonio de los diputados y los senadores ha dado lugar a no pocas sorpresas y multitud de comentarios entre los ciudadanos. Un hecho inevitable dado que si los asuntos de dinero del prójimo despiertan natural curiosidad --y a veces envidia--, cuando se trata del de los políticos el interés se multiplica. Y lo primero que hay que constatar es que este ejercicio de transparencia significa un paso notable en el imprescindible reencuentro de los ciudadanos y quienes les representan en las instituciones. La desafección se combate sobre todo con mayor claridad por parte de los políticos, y aplicar luz sobre su patrimonio es sin duda una buena iniciativa.
Es lícito preguntarse si esta especie de estriptís se hubiera producido sin el goteo de casos de corrupción que en los últimos años han llevado a muchos ciudadanos al escepticismo y la desconfianza hacia los cargos públicos. Pero en cualquier caso esta iniciativa significa que la democracia española gana en calidad. El notable patrimonio de muchos parlamentarios --superior al del español medio-- puede azuzar la demagogia sobre la política como modus vivendi, pero no hay que confundir las cosas: los parlamentarios españoles no están especialmente bien pagados y sus bienes personales son plenamente legítimos mientras nadie demuestre lo contrario. Aunque en algunos casos quepan dudas sobre si lo que declaran es todo lo que tienen.
