WEwn el año 2005, el Ministerio de Educación destinará un total de 101 millones de euros, un 4,6% más que el ejercicio actual, a pagar a los aproximadamente 9.000 profesores de la asignatura de Religión, designados por la Iglesia católica, con la única excepción de 95 evangélicos y 40 musulmanes.

Aunque el episcopado acuse al Gobierno central de activismo laicista, la realidad es que éste no cuestiona el estatus de la clase de Religión fijado en los acuerdos Iglesia-Estado, que obligan a ofrecer esta materia, aunque cursarla sea voluntario. Si el criterio general se mantiene, es inevitable en un Estado no confesional que la enseñanza del islam alcance, con financiación pública, una presencia en la escuela equivalente a su peso demográfico. Puede que tal posibilidad incomode. Pero no debería bloquearse la entrada en la escuela de un credo determinado argumentando problemas de titulación o falta de interlocutor religioso.

O se avanza en la laicidad de la escuela o se facilita, sin trabas, la enseñanza de la formación religiosa y la libertad de quedar al margen de ella. Y sin convertirla en fuente de tensión, como puede suceder, por cierto, si se opta por dar no dos, sino tres posibilidades (Religión, una materia alternativa o salir antes de clase) como estudia el ministerio.