La seguridad de las tarjetas de crédito que utilizan millones de españoles puede mejorarse sensiblemente si se les incorpora un chip de seguridad en sustitución de la obsoleta banda magnética. La tecnología es accesible y sólo depende de los rectores de cajas y bancos para que su implantación sea inmediata. Pero no es previsible a corto plazo, porque al sector financiero le gusta forzar la demanda: como fabricar las tarjetas inteligentes es un poco más caro y no quieren asumir el coste, bancos y cajas apenas se inmutan cuando se dan noticias sobre tarjetas de crédito robadas.
Tampoco ha mejorado la información que debe recibir el usuario de la red de banca electrónica, el principal indicador de que España es capaz de incorporar las tecnologías más avanzadas. Pero esa ventaja competitiva queda limitada por una práctica abusiva que sigue sin repararse: los usuarios de los cajeros automáticos operan en las terminales sin conocer en cada momento el coste de los servicios que están utilizando. Pese a que el Banco de España ha dispuesto con toda precisión cómo se debe dar esa información, con efecto pleno a partir de octubre, es lamentable que las entidades que lideran el sistema financiero sean tan remolonas.
