Antonio Gutiérrez se abstuvo. No siguió la disciplina de voto y mostró con su gesto la discrepancia con el decreto de reforma laboral del Gobierno. "La opinión es libre, pero la disciplina es obligada", le recordó con dureza el templado jefe de su grupo parlamentario, José Antonio Alonso . Desde hoy mismo el PSOE pone en marcha el procedimiento de sanción previsto para los diputados díscolos. La abstención del diputado Gutiérrez tiene algo de táctico, porque la filosofía que envuelve alguna de las razones por las que se opone a esta reforma podría haberle llevado a mantener la misma postura cuando se votó el durísimo plan de ajuste del Gobierno. Pero, entonces, su grupo se jugaba el futuro con cada voto y no era ocasión propicia.

Al margen de eso, y sin entrar en el fondo de su discrepancia, es digno de valorar que un diputado alce su voz disonante para defender la esencia de un cargo por el que constitucionalmente se debe a sus votantes y está obligado a responder ante ellos por encima de la disciplina de partido. Muy esporádicamente hemos contemplado actitudes semejantes a las de Antonio Gutiérrez en el Parlamento, y siempre en ocasiones en las que la legislación debatida entraba a regular asuntos en los que la conciencia y la fidelidad política no encuentran fácil acomodo.

Este es un asunto que no tenemos resuelto en los usos políticos de nuestra democracia. Aunque la Constitución consagra que los diputados no están sometidos al mandato imperativo de sus partidos (artículo 67.2), nuestro sistema de listas cerradas actúa en sentido contrario y las formaciones políticas se sienten legitimadas para exigir cierre de filas y castigar a quien osa romper la formación. Si algún diputado llevase este tipo de sanciones al Tribunal Constitucional seguro que obtendría sentencia favorable, aunque difícilmente mantendría un puesto en sucesivas listas electorales. Por eso nadie lo ha hecho hasta ahora. Una verdadera lástima.