David Cameron había anunciado recortes drásticos en el gasto público y lo presentado por su ministro del Tesoro, George Osborne, es un ataque en toda regla contra el Estado del bienestar. Solo hay dos fórmulas para atajar un déficit que en el Reino Unido ha alcanzado el 11%, uno de los más altos de Europa: o se recorta el gasto público o se suben los impuestos. La única variable es cómo se combinan ambas. Nadie, ni siquiera la izquierda laborista, ponía en duda la necesidad de una reducción del gasto. En realidad, todo el laborismo sabe que no hay otra alternativa. Sin embargo, las duras y contundentes medidas del Gobierno de conservadores y liberaldemócratas, y los tiempos cortos para su aplicación, superan cualquier ajuste decidido por cualquier otro Gobierno europeo. Osborne confía en reducir al 3% el déficit en cinco años. Los ministerios tendrán un 20% menos de recursos y prescindirán de medio millón de funcionarios. La contrapartida de una limitada subida de impuestos no equilibra el descalabro de los servicios. Con tanta poda, el Tesoro aspira a ahorrar 90.000 millones de euros. Las dudas que plantea la arriesgada revisión presupuestaria son las consecuencias de esta desaparición del Estado, que pueden ir desde el aumento de la conflictividad social a la incapacidad del sector privado de asumir lo que deja el Estado o al frenazo de la recuperación. Se dirá que la economía siempre es política. Pocas veces una revisión presupuestaria habrá demostrado tanto que lo es, y la más pura y dura. Estamos ante una nueva revolución muy conservadora.
