La última disputa entre el PSOE y el PP se está produciendo en los ayuntamientos por los fondos Interreg III A, un programa comunitario que ayuda a acometer obras en zonas transfronterizas. Las peticiones son muchas, porque también son muchas las necesidades, y las propuestas finales --es decir, los ayudas aprobadas-- muchas menos, habiendo incluso ayuntamientos, como el de Mérida, que no van a recibir nada de lo que solicitaron. Y aquí surge la polémica: algunos municipios gobernados por el PP, y particularmente el de la capital autonómica, han puesto el grito en el cielo porque estiman que la reducción de fondos es un castigo del Gobierno central.

Todos sabemos que, en demasiadas ocasiones, son los ciudadanos los que acaban pagando la rivalidad entre partidos, de tal manera que el manejo de los fondos públicos se hace con criterios de rentabilidad antes que con criterios de justicia. Pero las posiciones son mejores si se sustentan en datos. Y en esta ocasión han sido aportados por la Delegación del Gobierno.

En ellos se ve que de los más de 60 millones de euros solicitados por instituciones políticas, empresariales, sindicales, educativas, etc., a las que también están abiertos estos fondos comunitarios, lo que se va a presupuestar supera ligeramente los 22 millones. La mayoría de las instituciones peticionarias pierden sobre lo que querían, habiendo sólo cuatro, y éstas no son políticas, que consiguen la totalidad de lo que solicitaron.

De esos datos no se deduce que haya existido castigo político del Gobierno, porque de haberlo éste ha castigado también a los de su propio partido. La polémica y la discusión son consustanciales a la vida democrática (¿Podría hablarse de democracia si todo el mundo pensara lo mismo?), pero los políticos deberían entender que serán más provechosas para los ciudadanos cuantos más argumentos sean capaces de esgrimir.