El desfile de la Fiesta Nacional española se celebró el viernes con la normalidad acostumbrada, incluidos los abucheos al presidente del Gobierno cuando pertenece al PSOE. Pedro Sánchez ironizó que él no iba a ser menos que Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre los actos planeaba también el impacto de la resolución aprobada el día anterior en el Parlamento de Cataluña por una mayoría de 61 diputados (ERC, JxCat y Catalunya en Comú) frente a 57 (Ciudadanos, PSC y PP), con la abstención de la CUP, en la que se censuraba la actuación del Rey en el conflicto catalán, en especial su discurso del 3 de octubre del año pasado, y en la que se reclamaba la abolición de la monarquía.

La resolución, presentada curiosamente por los comunes, que dos días antes se habían opuesto a planteamientos parecidos, está fuera de lugar porque se acusa a Felipe VI de cuestiones que en ningún caso figuraban en su discurso, como la de justificar la actuación de la policía el 1-O, y porque no corresponde a una Cámara autonómica pronunciarse sobre la estructura del Estado. A no ser, claro, que se trate solo de hacer un gesto que no lleva a ninguna parte y de aumentar el ruido para ocultar el problema de fondo del independentismo, que no es otro que el de su división, cada día más patente, como se demostró el martes. El Gobierno anunció que impugnaría la resolución ante el Tribunal Constitucional, aunque no acaba de verse la utilidad de este recurso ante algo que no tiene efecto jurídico alguno.

Sea por este nuevo episodio de tensión o por otras causas, Sánchez dijo en la recepción que se dará tiempo y no intentará un pacto con los independentistas antes de que los Presupuestos se presenten en el Congreso, a finales de noviembre o principios de diciembre. La decisión es prudente. Para que las cuentas pactadas por el Gobierno y Unidos Podemos salgan adelante se necesitan los votos de al menos una parte de los independentistas, que, en principio, reclaman medidas en favor de los dirigentes presos. Sánchez confía en llegar a un acuerdo y es clave que el clima de distensión, o desinflamación, como se dice ahora, instalado desde que triunfó la moción contra Rajoy no se enrarezca ni por desafíos como el ultimátum de Quim Torra ni por cesiones del Gobierno ante la campaña de acoso y derribo iniciada por PP y Cs.