La figura legal del imputado se ha visto envuelta en la polémica en los últimos meses, fundamentalmente por el perfil de las personas a quienes se ha aplicado. La mayor parte de los casos controvertidos han estado relacionados con delitos de corrupción y ha coincidido además que se trataba de personajes públicos. Esos son los elementos fundamentales del debate: corrupción y fama.

Aunque la discusión se ha centrado en qué supone estar imputado y cuándo alguien puede y debe ser calificado como tal, el quid de la cuestión está en saber cómo evitar que una imputación tenga consecuencias antes de que se produzca la sentencia. En el caso de los políticos, sus partidos hacen una interpretación restrictiva, de manera que no se producen dimisiones; a lo sumo, distanciamientos y cesiones temporales de responsabilidades. El interés por cambiar la figura legal de la imputación y crear otra con distintas connotaciones es un intento vano de ganar tiempo ante la ola de casos de corrupción. Los partidos protegen a sus diputados y cargos frente al sentido común, que reclama algún tipo de reacción cuando un juez tiene razones para abrir un proceso a un sospechoso con el fin de dilucidar si debe ser acusado formalmente.

Tanto en el caso de los políticos como en el de personajes conocidos por su relevancia pública o institucional, el mayor riesgo es que paguen la pena social de la publicidad. Eso no puede llevar, por supuesto, a que los jueces tengan una consideración para los famosos y otra distinta para la gente de a pie, porque la justicia ha de ser igual para todos. La condena social es inevitable en estos momentos porque los ciudadanos tienen la sensación de que los poderosos son impunes; por eso, dictan sentencia a sabiendas de que no tienen todos los datos del caso.

La que si es evitable es la pena de telediario. Pueden impedirlo los magistrados, que deben poner los medios para que los sospechosos no sean sometidos al escarnio de aparecer en público aguantándose los pantalones con la mano en la puerta de la Audiencia Nacional, por ejemplo; o haciendo el paseíllo en la rampa de los juzgados de Palma. Y, luego, por los medios de comunicación, las televisiones fundamentalmente, que no deberían tratar a sus seguidores como si fueran consumidores ávidos de los espectáculos más degradantes.