Lo más preocupante de lo ocurrido este miércoles es Don Benito es que, y es lo que está pasando, se desenfoque el problema y núcleo central de la manifestación de agricultores, y es que la renta media de ellos bajó casi un 9% el año pasado, y los precios que perciben por sus productos, de toda garantía alimentaria y de gran calidad, en algunos casos están ya por debajo de los costes.
Ya se sabe, a río revuelto, en este caso ganancia de agitadores. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 22% el año pasado hasta los 900 euros, y la firmada este jueves a 950, y que está siendo objeto de un forcejeo en los detalles de su aplicación entre los sindicatos de trabajadores, y las organizaciones profesionales que representan a los propietarios agrarios, ha sido asociada a la convocatoria ante la Agroexpo, y por su enorme carga ideológica y política, amenaza con ocultar el verdadero y principal problema.
Al desenfoque, que exacerba el conflicto empleador-empleado y aviva las tensiones políticas entre partidos, han contribuido buena parte de los medios de comunicación de alcance estatal que por hache o por be suelen quedarse con la crema y prácticamente todo lo traducen en términos de juegos de poder entre partidos, es decir, cualquier cuestión se analiza a la sombra de Pedro Sánchez, Pablo Casado, la extrema derecha de Abascal, Pablo Iglesias o la desamparada Inés Arrimadas de Ciudadanos.
Además somos de muy rajarnos las vestiduras, y bastante perezosos a la hora de profundizar el asunto y ponerlo en contexto, es decir, si se oye desde Madrid que en Mérida el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho algo sobre el desempleo y la subida del salario mínimo, ya se interpreta y publica, sin más, que ha afirmado que ambas cuestiones están relacionadas, y nacen cábalas conspiratorias de si es un aviso de los ‘barones’ contra el gobierno progresista de Sánchez e Iglesias.
Estamos tan inundados, acosados y rodeados de demagogia, que nadie reflexiona sobre que desde hace años los agricultores están quejándose de que sus productos cada vez valen menos en origen, y que según el último índice de precios origen destino (IPOD) de producciones agrarias y ganaderas de diciembre pasado, elaborado por COAG, el consumidor final paga en el hipermercado por un producto 4,45 veces más que lo que percibió el productor, un índice que por subsectores es del 3,05 en el caso de la ganadería y 4,83 en el de la agricultura.
La agroindustria con su poder de contratación de grandes volúmenes, y las grandes cadenas de distribución comercial, principalmente francesas y alemanas, pero también recientemente de propiedad rusa, con alguna española destacada, son a grandes líneas los beneficiarios de esa enorme diferencia; a ese embudo estrecho comprador, por el que transigen sí o no los productores, se unen los disparates de la Unión Europea y España como, según ha denunciado estos días un consultor agrario extremeño, comprar fuera cereal más caro que lo que vale en España, o inundar el continente de naranjas sudafricanas más baratas pero tratadas con fitoquímicos prohibidos dentro de la Unión; o miel de China, adulterada.
al final, entre las estrecheces que a las familias impuso la crisis, y una globalización que ha llenado el mundo de un transporte inútil y contaminante en detrimento de las producciones cercanas, el consumidor ha sido llevado a la sola política del precio, sin mirar nada más.
El problema de los agricultores y sus familias, está directamente relacionado además en regiones como Extremadura con la despoblación. No hacen falta sesudos estudios universitarios para saber que la despoblación es por falta de expectativas económicas, que llevan a emigrar; el reto demográfico, entendido como diferencia entre nacimientos y defunciones, es otra cosa, de momento solo corregida con inmigración joven, la que llega del extranjero, o precisamente despuebla el sesenta por ciento del territorio español, incluido el extremeño.
* Periodista
