Dos jueces --días atrás eran tres-- se pelean por hacerse cargo de las diligencias relativas a la detención, el pasado 29 de marzo en Francia, de dos presuntos etarras que afirmaron ante las autoridades del país vecino haber sido negociadores con los representantes del Gobierno español durante la fenecida tregua de la banda terrorista. Uno de los magistrados españoles, Juan del Olmo --el instructor de la causa por el 11-M--, ha llegado al colmo de pedir a la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert que decida si debe ser él o su colega Garzón quien atienda la petición de averiguar a quién corresponden los números de teléfono españoles que estaban en poder de los detenidos. Con buen criterio, Le Vert contestó que no era ella quien debía decidir. Y será el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decidirá quién tiene razón: Del Olmo, a quien le correspondió el caso por reparto, o Garzón, que ya había procesado tiempo atrás a uno de los detenidos y había decretado su busca y captura. La fiscalía se inclina por este último
Más allá de esta, en apariencia, absurda pelea, la detención de estos presuntos negociadores de ETA ha despertado algunas expectativas. ¿Podrán aportar los detenidos detalles sobre las reuniones negociadoras con representantes del Gobierno? A José Antonio Iurrebaso y Kepa Suárez se les incautaron documentos. No serán, previsiblemente, las actas que viene reclamando de forma tan irresponsable Rajoy, pero sí pueden ser fragmentos o anotaciones susceptibles de ser utilizadas políticamente. Rajoy ya advirtió a Zapatero de que si él no las aportaba, las actas aparecerían de todos modos.
