WEw l Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no para de proporcionarle a los ciudadanos emociones fuertes. Esta semana, cuando aún no se habían apagado los ecos de la remodelación del Gabinete, se han producido dos episodios que afectan a las más profundas raíces del sistema político. Por un lado, el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, cuestionó el miércoles la viabilidad futura del sistema público de pensiones, lo que, amén de inquietar a millones de pensionistas y no pensionistas, recibió al día siguiente una airada respuesta por parte del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Y por otro, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se quejó en público el jueves de que la Policía Nacional no le atiende --y sin embargo sí lo hace a requerimientos del juez Baltasar Garzón-- cuando le reclama determinadas actuaciones antiterroristas como, por ejemplo, investigar si el entorno etarra prepara listas electorales para las próximas elecciones europeas.

Dos auténticos bombazos que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trató ayer, en la habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros, de declarar zanjados, quizá inútilmente porque lo que evidencian estos episodios es la inquietante sospecha de que el proyecto político que representa el Gobierno socialista tiene algunas fisuras no precisamente menores, pues afectan a la columna vertebral del Estado de bienestar, como es el sistema de Seguridad Social, y a la batalla contra el terrorismo etarra.

El gobernador del Banco de España está, por supuesto, en su derecho --y hasta en su obligación-- de alertar sobre los problemas presentes o futuros del sistema económico. Y el de la Seguridad Social es uno de ellos. Lo que sorprende es que el supervisor lo haga con unos datos que han sido drástica y tajantemente desmentidos por el ministerio. De hecho, Corbacho se apresuró a contestarle haciendo el esfuerzo de dejar clara la radical distancia entre el parecer del gobernador y el del ministro, señalando que no sabe "de dónde se saca" que la Seguridad Social tendrá déficit en este ejercicio. Por lo demás, un servidor del Estado tan prestigioso como Fernández Ordóñez debe saber que cualquier comentario sobre el sistema público de pensiones tiene un enorme impacto en amplias capas de la sociedad, muchas veces poco informadas.

En cuanto a Conde-Pumpido, que corrió a matizar sus palabras cuando ya la gravísima acusación a la Policía estaba en todos los medios, solo cabe una explicación pública convincente. Si el fiscal general mantiene una pugna con Garzón, debería dirimirla en privado, y no lanzar mensajes que solo pueden ser recibidos con estupor por el público. El presidente Zapatero tiene mucho trabajo en los dos frentes.