En estos momentos, ya son muchos los centenares o miles de inmigrantes que han llegado en cayucos a las costas de las Canarias durante los últimos años, y se estima que muchos de ellos están ahogados en el fondo del océano entre Canarias y Senegal. Según un informe reciente de Greenpeace, la mayor parte de los inmigrantes que deciden venir a España son pescadores e hijos de pescadores que huyen desesperados de la miseria, al no quedar nada en sus aguas, tras haber soportado durante años el robo sistemático e intensivo de su pesca. El 50% de los barcos que faenan en las aguas de Guinea Conakry lo hacen de forma ilegal, es decir, roban su pescado ante la impotencia de la población, que no dispone de medios suficientes para la vigilancia de sus costas. Estos barcos piratas introducen ese pescado en la UE a través de los puertos de las islas Canarias, un punto logístico muy importante para este negocio de desaprensivos.
Todo esto hace a nuestro país cómplice de este repugnante robo que provoca directamente un indignante desastre humanitario. Siempre se ha dicho que no existirían robos si no hubiese quien comprara la mercancía robada. España no puede seguir girando la cara y permitiendo que se descargue en nuestros puertos un pescado de cuya procedencia no se ha verificado legalidad. Nuestro Gobierno tiene la obligación moral de impulsar una campaña en la UE y en la ONU para ayudar a estos países africanos a vigilar sus aguas, porque solo así podrán recuperar la riqueza pesquera que siempre les ha permitido vivir en su país, sin necesidad de huir lejos de sus casas para sobrevivir.
F. Campos Barreda**
