La improvisación con que ha nacido el plan de ayudas públicas para la compra de un coche está sembrando de dudas los concesionarios, como se constata en los dos primeros días de aplicación de la rebaja de 2.000 euros en Extremadura. De momento, los vendedores solo tienen la garantía verbal de las administraciones de que aportarán su parte --500 euros el Gobierno central y otros tantos la Junta--, pero falta saber cómo se va a articular ese descuento final. Para añadir más elementos de confusión, el consejero extremeño de Industria, José Luis Navarro, puso ayer encima de la mesa otro requisito lógico: exigir el empadronamiento o domicilio fiscal en la región para para acceder a ese descuento de 500 euros que depende del Ejecutivo autonómico. Y es lógico que así sea, dado que hay autonomías que aplican este porcentaje de la rebaja y otras que no. En este escenario, es razonable que los concesionarios no sepan exactamente qué hacer cuando un cliente quiere comprar ahora un coche. ¿Le descuentan 2.000 euros, 1.500 o solo 1.000? Sería bueno que los responsables públicos lo aclararan urgentemente para subsanar la confusión de las informaciones que le llegan al ciudadano y evitar males mayores.
