La muerte del pequeño Rayán a causa, según las informaciones que han trascendido, del error cometido por una enfermera ha reabierto el debate sobre el estado de salud de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Porque más allá de los fallos humanos en la praxis médica, que como en cualquier otra actividad profesional son inevitables, vuelve a extenderse la impresión de que la orientación dada a los nuevos hospitales construidos por iniciativa del Gobierno autonómico está lejos de ser un modelo de gestión. Las razones son múltiples, pero acaso el que haya una gestión encaminada a anteponer la cuenta de explotación a la calidad del servicio sea el mayor de los problemas.

La realidad escueta es que la sanidad pública española, se le pongan las pegas que se le pongan --listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, masificación de algunos servicios, falta de especialistas...-- es un sistema básicamente eficaz que cumple las expectativas y justifica el esfuerzo fiscal asociado a ella. Contra los temores expresados en el pasado, ni la descentralización ha afectado a esta regla general ni se han observado disfunciones especialmente graves en la cooperación sanitaria entre comunidades autónomas, aunque todo puede ser mejorable.

Por esta razón resulta tan discutible el cambio a un modelo de gestión privada emprendido por el Gobierno de Esperanza Aguirre. De momento, ni ha mejorado el anteriormente existente ni ha dejado de delatar fallos estructurales. Dos factores íntimamente relacionados con los modelos de propiedad de los hospitales y la deficiente tutela de la Administración autonómica sobre la calidad del servicio.

Sería, desde luego, una exageración imperdonable señalar a los responsables del diseño de la sanidad madrileña como responsable de la desgraciada muerte del bebé Rayán. Pero sería bueno para mejorar las prestaciones de la sanidad pública, de la que es responsable el equipo del consejero Juan José Güemes, que se realizara una revisión completa del funcionamiento de la misma, de las dimensiones de las plantillas en los grandes hospitales y de la función de los gerentes en la determinación de los medios puestos a disposición de los profesionales.

Nada de todo esto reparará el fatídico error del hospital Gregorio Marañón, pero sí puede evitar casos similares que pudieran sobrevenir en el futuro. Y puede, además, esclarecer otro elemento central del caso: ¿una organización diferente, una menor presión sobre los profesionales, podía haber evitado la trágica cadena de acontecimientos que costó la vida a Rayán? Vale la pena acometer el esfuerzo para salir de dudas.