El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), cuyos análisis sobre fraude fiscal y economía sumergida son considerados generalmente rigurosos, ha calculado que 3.400 millones de euros escapan al control de Hacienda en nuestra región, lo cual supone casi el 20% del Producto Interior Bruto de la comunidad y equivale a dos tercios del Presupuesto de la Junta para el 2011. Esos 3.400 millones podrían pagar lo que vale la Sanidad y la Educación de la región y todas las inversiones en agricultura y ganadería. Es decir, una cantidad decisiva para la mejora de los servicios públicos que se va por las rendijas del sistema.
Dicen los responsables de Gestha que la crisis es un factor determinante para que no decaiga la economía sumergida. Y no les falta razón: basta reparar en que la Inspección de Trabajo detectó el pasado año un 50% más de contratos irregulares que antes de empezar la crisis. Pero las autoridades encargadas de perseguir esta lacra se equivocarían si todo el esfuerzo en luchar contra la misma lo invirtieran en perseguir los empleos irregulares o en los trabajos de autónomos fiscalmente ocultos, olvidando que la situación económica compleja ha abocado a muchos trabajadores a un infraempleo que ni lo quieren ni tienen posibilidades de rechazar, a no ser que decidan no tener ningún ingreso para atender sus necesidades básicas. Y es que en esa dirección parecen ir las medidas que Gobierno, sindicatos y patronal están tratando de consensuar para aprobar un plan nacional contra la economía sumergida, relegando la persecución del fraude de cuello blanco, que es socialmente el más injusto de todos.
