El presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, dio ayer a conocer el recorte presupuestario a que va a someter a la institución a partir del próximo año: dispondrá de un 8% menos que en 2011. El recorte afecta a los salarios de los trabajadores y de los parlamentarios, cuya congelación se propone, y también a lo que perciben los diputados en dietas de comida, gastos de móvil, viajes, que tendrán que hacer en transporte público, e incluso el agua que consumen durante su estancia en la Asamblea, que será "del grifo", y no embotellada como hasta ahora.
Lo propuesto por Manzano es razonable y políticamente oportuno: tal como están las cosas, la gente no entendería un mensaje distinto. Incluso hay alguna partida sobre la que todavía se podría recortar: 250 euros en gastos de teléfono móvil parece excesivo, cuando se supone que los parlamentarios, como personal con dedicación exclusiva, están mucho tiempo en el Parlamento, donde podrán hacer uso de la red de telefonía fija o de internet. Tampoco se entiende que haya que pagarles la comida, aunque ahora el tope se haya puesto en el precio de un menú del día, cuando tienen unos sueldos -- 60.000 euros anuales-- significativamente altos en la región y cuando --y este es el asunto más espinoso cuyo abordaje no está en la agenda de los dos grandes partidos-- se mantiene 'la barra libre' de las dedicaciones exclusivas, a la que están acogidos 55 de los 65 parlamentarios.
