Una pareja de homosexuales residentes en Badajoz ha visto cómo se cancelaba su banquete de bodas en los salones que para este tipo de actos tiene Bodegas Santa Marina, en las inmediaciones de Mérida. La razón de la cancelación es exclusivamente que a uno de los dueños de la bodega, Alvaro de Alvear, los matrimonios entre personas del mismo sexo "son contrarios a su moral". Nadie podrá penalizar a Alvear por considerar contrario a su manera de pensar que dos hombres o dos mujeres se casen entre sí, ni negarle el derecho no solo a creerlo, sino a hacer proselitismo de su creencia y tratar de ganar adeptos entre la gente. La libertad de expresión y opinión está felizmente amparada por la Constitución.

Pero lo ocurrido a esta pareja no es que se haya encontrado con alguien contrario a sus ideas y que rechazó, de inmediato, el interés de la pareja por celebrar su boda en las instalaciones de la bodega, sino que ese rechazo se ha producido cuando ya estaba la fecha de la boda fijada (el próximo día 11), las invitaciones cursadas, comprometidos hoteles cercanos a la bodega para los familiares de los novios y el contrato acordado a falta de la firma. En estas circunstancias lo ocurrido es que el dueño del establecimiento ha colocado sus ideas -quedándose solo ante sus empleados-- por encima de los derechos que, como ciudadanos y como consumidores, tienen los contrayentes. Y en este sentido, los dos gais pacenses han sido objeto de una discriminación por su opción sexual, lo cual es socialmente censurable y, posiblemente, como ha ocurrido en circunstancias similares, sancionable.