La dimisión de 8 miembros de la Presidencia de Izquierda Unida es la más acabada expresión de que las aguas bajan revueltas en el seno de la coalición. Una dimisión coordinada, avisada, y que deja al máximo órgano de dirección de IU fracturado por la mitad no puede tomarse a la ligera. Una dimisión, además, que establece una ruptura entre la dirección y los representantes de las ciudades más grandes de la región y de las asambleas locales más numerosas.

Ante esta 'rebelión', la respuesta a la misma dada por Pedro Escobar, primero situándola en algo así como una crisis de crecimiento del partido y, más tarde, admitiendo a regañadientes que algo de malestar interno hay, no augura que se resuelva de la manera más satisfactoria posible para la propia IU y para la sociedad. Porque no hay que olvidar que, desde el 22 de mayo, lo que ocurra en la coalición y las decisiones que tome tienen trascendencia en la vida política extremeña y en los ciudadanos.

Las críticas --y no hay más que ver la durísima carta que envió el dimisionario Rafael González a la presidencia para explicar las razones de su dimisión-- van dirigidas donde más debería dolerle a Escobar: a la falta de debate y democracia interna; a la toma de decisiones sin consultar a los órganos de dirección, precisamente el argumento esgrimido para legitimar su posición abstencionista en la investidura. IU está viviendo un conflicto interno y cabe exigirle que lo resuelva cuanto antes y sin cerrar heridas en falso.