WLw a Consejería de Educación ha anunciado que, a principios del curso próximo, enviará a todos los centros de la región los resultados de las evaluaciones de diagnóstico a las cuales se sometieron 25.000 alumnos de 4º de Primaria y 2º de ESO el pasado mes de mayo. Bien entendido que los datos que enviará la consejería serán los referidos exclusivamente al propio centro. No habrá, por tanto, una información general para que la sociedad extremeña pueda hacerse una idea global de la preparación de los alumnos en el manejo de herramientas matemáticas y de lenguaje.

La consejería pone buen cuidado en "respetar en todo momento la confidencialidad de los datos". Más parece que, en este caso, confunde confidencialidad con secreto, porque ningún dato confidencial se revela ofreciendo una información detallada del nivel general --y de cada centro, por qué no?--, pero sin desvelar la de este o aquel alumno. Ayer, el responsable de Educación del PP se quejó de este oscurantismo, y tiene razón porque los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es el nivel de instrucción de los escolares. Son sus hijos y, aunque no lo fueran, son sus impuestos.

Resulta paradójico que para que esta consejería aprendiera a ser más transparente podría encontrar ejemplos en la propia Administración regional. Ahí está el Servicio Extremeño de Salud, que cuelga cada seis meses los datos sobre listas de espera en internet y no escatima valoraciones sobre los mismos. Dos maneras de entender la información como derecho. No cabe duda sobre cuál es la que tiene en cuenta a los ciudadanos y cuál la que los ignora.