La absolución judicial, con todos los pronunciamientos favorables, de los directivos de Egunkaria acusados de servir a ETA a través de este diario en euskera es una inequívoca victoria de la libertad de expresión de la que todo demócrata debe congratularse, pero también un preocupante ejemplo de que la justicia no está exenta de comportamientos anómalos y sesgados que causan daños irreparables: el periódico que en el 2003 un magistrado cerró indebidamente, con argumentos inconsistentes, difícilmente volverá a publicarse aunque sus responsables sean indemnizados, y, en todo caso, el golpe moral padecido es irreversible. El magistrado que cometió el atropello, Juan del Olmo, es vapuleado en el fallo de sus colegas de la Audiencia Nacional, la instancia judicial encargada de los asuntos de terrorismo, lo que da mayor medida del desafuero cometido. Que quienes se encargan de mandar etarras a la cárcel deban recordar que es "estrecha y errónea" la consideración de que "todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado o controlado por ETA" es tanto un loable acto de sensatez como un indicador de que los estereotipos sobre lo vasco están aún muy enraizados en quienes no entienden otra España que la uniforme. En el caso de Egunkaria, tanta ligereza ha exhibido Del Olmo como las asociaciones que instaron la acción de la justicia y la mantuvieron aun cuando el fiscal pidió la absolución de los acusados.
