Andan los tres candidatos a la presidencia de la comunidad a vueltas con la posible reforma del Estatuto extremeño, diciendo Vara que, a pesar de que no es una prioridad para la ciudadanía, es uno de sus compromisos si gobierna; Floriano no lo descarta aunque sólo reformaría el Estatuto para frenar el nacionalismo, mientras que Casco afirma que habría que adaptar la norma (el Estatuto) al nuevo marco federal que se impone.
Espero que se acepte también que los ciudadanos sin significación política --mi caso--, podamos opinar en y arrimar el hombro, con toda la modestia que se quiera, a un mismo fin: el de que Extremadura disfrute de la mejor cobertura legislativa-institucional para conseguir su pleno desarrollo como región autónoma.
En principio creo que cuanto menos se toque al Estatuto vigente, mejor. En estos casos, lo más progresista, aunque parezca una paradoja, no es alterar continuamente, sino conservar en la medida de lo posible el texto fundacional. O al menos lo más prudente.
Y por supuesto, estoy de acuerdo con el señor Vara en que, en todo caso, se aborde esta cuestión en la próxima legislatura y en que se hiciesen las posibles mudanzas con el consenso de todos.
XNO OBSTANTEx, y confesando que no soy especialista en el tema, amén de que algunas de las propuestas que siguen podrían acarrear dificultades al plasmarlas en una ley básica, me atrevo a sugerir lo siguiente, de cara a esas posibles reformas estatutarias y a su previo debate:
En primer lugar, se debe huir de formulaciones que, como en Andalucía o Cataluña, hacen hincapié en la diferenciación con alusiones a conceptos como nación, nacionalidad o apelaciones a derechos históricos, más o menos forzados. Sin embargo, en el Estatuto catalán recién aprobado se pueden encontrar otras ideas de interés, como ahora se verá, al margen de que estoy en desacuerdo con una importante parte de él.
En el ámbito de los derechos, debe discutirse si merece la pena incorporar los nuevos derechos que la evolución socioeconómica depara, como ya se ha hecho en el Estatut , en su capítulo I. Algunos de éstos son los derechos de las personas mayores, los derechos específicos de las mujeres, el de la dignidad en el proceso de la muerte, el de la protección de los consumidores, el de la protección frente a la contaminación...
Respecto a la economía, parece imprescindible decantarse por una Extremadura que, sin renunciar al desarrollo industrial y tecnológico más puntero, quede consagrada, estatutariamente, como un enclave europeo dotado de una Naturaleza que debe preservarse de forma especial, y sea éste, por tanto, un mandato de obligado cumplimiento para cualquier partido que asuma el poder en nuestra región. Quizás para ello se podría segregar el apartado K del artículo 6.2 de nuestro actual Estatuto, convirtiéndolo en un nuevo artículo y abundando más en la idea. Es, de nuevo, interesante leer la formulación del artículo 46 del Estatut catalán, acerca del medioambiente, desarrollo sostenible y equilibrio territorial. Y también en este ámbito, no se debe olvidar que el artículo 14.1 de nuestro Estatuto obliga a sus instituciones a conseguir una calidad de vida y un nivel económico de los extremeños igual, al menos, al de la media nacional: es posible que con los medios que contamos ese objetivo tarde demasiado en alcanzarse, por lo que en un reformado Estatuto cabría plantearse nuevo recursos --otra vez la pista catalana-- que ayudasen desde el Estado a un desarrollo más rápido de nuestra región.
Que nuestro actual presidente no se ofenda, pero en lo institucional tampoco estaría mal, en una posible reforma estatutaria, limitar el mandato de los presidentes de la Junta a un par de ellos como máximo, para evitar, es decir, cualquier tentación de dirigismo más o menos refrendado por las urnas.
Y por último, dos sugerencias un tanto aventuradas, si es que las anteriores no lo son: En el plano territorial se podrían intentar dos actuaciones: de un lado, dotar a Mérida de un status especial, dado su rango de capitalidad y de otro, a la vista del tamaño más que dilatado de nuestras provincias, arbitrar una nueva estructuración territorial: ya se sabe que por imperativo constitucional es imposible una división provincial nueva, pero podrían estrujarse la imaginación nuestros juristas regionales para inventar un ente político intermedio entre lo provincial y el mancomunamiento de varios municipios, para alumbrar de facto dos nuevas cuasi-provincias funcionales que serían las que acaudillasen las ciudades de Don Benito/Villanueva en Badajoz y Plasencia en Cáceres. A lo mejor aprovechando el artículo 16, apartado 4, de nuestro Estatuto se podría hallar alguna posibilidad al respecto.
Y la segunda sugerencia nace de mi convicción de que el Estatuto es poco conocido por nuestros paisanos y estudiantes, a pesar de que figura en el currículo oficial. Creo que muchos alumnos de Bachillerato y de la Universidad apenas si saben algo del Estatuto, de las instituciones que nos proporciona y su funcionamiento, o de las competencias asumidas. Un test a modo de botón de muestra sería indagar qué porcentaje de este alumnado es capaz de escribir, al menos, una estrofa del himno extremeño o definir qué es eso de asumir una competencia... y entonces veríamos los resultados. No sé hasta qué punto sería una boutade , pero a lo mejor se debería dejar sentado en el futuro que es un derecho y un deber de los extremeños conocer su Estatuto.
*Catedrático de instituto
