THtay varios elementos difíciles de tabular antes de que el domingo se conozcan los resultados de las elecciones gallegas y vascas: el efecto que ha podido producir en ellas aspectos que les son ajenos a esas comunidades o que al menos no forman parte directa de sus problemas más próximos.

En primer lugar la trama de corrupción alrededor del PP y la forma en la que ha sido conducida la investigación desde la Audiencia Nacional. El PP ha hecho barricada de los procedimientos y los alineamientos, una vez más, son desde la incondicionalidad de quienes le niegan al partido de Mariano Rajoy la más mínima razón y quienes le condenan de antemano.

La personalidad del juez Garzón , su manera de instruir, las filtraciones que se han producido y la famosa cacería que condujo al cese-dimisión del ministro de Justicia han formado parte de la campaña electoral junto a las sospechas sembradas del alcance de la corrupción al corazón financiero del Partido Popular.

El dilema no es baladí. Si después se confirma que las acusaciones eran infundadas, o por lo menos algunas de ellas, el daño político será irreparable. Que existe corrupción en el seno del PP parece fuera de toda sospecha; pero no es lo mismo el nivel de implicación que tengan los dirigentes que ahora son acusados indirectamente a través de filtraciones sin que siquiera se hayan dictado los autos de procesamiento.

La imputación es un concepto ambiguo que busca en primer lugar facilitar el derecho de defensa. Pero en muchos casos, ni siquiera se conocen los nombres de los imputados y los delitos que se están investigando.

Los electores de Galicia y del País Vasco se van a ver afectados por rumores, filtraciones e indicios. Sin dejar de considerar la gravedad de la situación del PP, es difícil no dejar de reconocer que quienes aparecen en los periódicos no tienen a su alcance instrumentos de defensa y se tienen que limitar a esperar a que la Justicia prosiga mientras ellos son linchados mediáticamente.