Empezaré este artículo diciendo que no soy un experto en economía, aunque algunos conocimientos aprendí en la universidad. Es tal la popularidad que se le ha dado a las balanzas fiscales que, ni corto ni perezoso, el mismo día de su publicación me he bajado el documento de internet y me lo he leído, sobre todo porque tenía curiosidad como ciudadano, y he querido aprender algo más sobre esto que tanta polémica ha despertado en lo que va de legislatura. A decir verdad, de las 26 páginas que contiene el documento he entendido demasiado poco, específicamente porque es tal la ambigüedad y la confusión que se nos plantea, que no sé si es que realmente este tipo de información es compleja y no apta para profanos en la materia, o es que intencionadamente se ha redactado así. Cuando digo profano, no quiero con ello evadirme del derecho que como ciudadano que contribuye y paga religiosamente al Estado, tengo. Por tanto, me creo con la potestad de al menos reflejar mi opinión, máxime cuando se me ofrece la oportunidad en un diario regional.
En primer lugar creo que su publicación se debe a un capricho parlamentario de un presidente que, con el ánimo de cumplir su palabra y quedar bien, ordena cursar el texto en el plazo fijado. Esto no lo digo yo, se contempla en el propio texto como primer objetivo del mismo, y hasta cierto punto desde el punto de vista político se entiende. Otra cuestión bien diferente es el rigor, la objetividad y la fiabilidad que puedan tener esos datos para las comunidades autónomas. En este sentido, y según se desprende del documento, tengo que decir que los resultados no ofrecen ninguna garantía, pues según parece aún estamos en proceso de investigación de cuáles son los métodos más idóneos, e incluso con los que hay, la interpretación está sujeta a un sinfín de condicionantes. Vamos, que esto es un engañabobos, un lío de cuidado, que no hay cristiano que se aclare. No me extraña que el Gobierno extremeño haya manifestado su total y absoluta repulsa.
