Esta semana, nos enterábamos por ‘El País’ de que el presidente de la Junta y el alcalde de Olivenza habían firmado un preacuerdo con el empresario Manuel Gómez Sequeira para exponer su colección de animales disecados en un espacio propiedad del consistorio oliventino. Hasta entonces, no habían trascendido ni las intenciones del regidor y el presidente, ni el objeto y destino que preveían para el edificio y los fondos públicos que deberían invertirse para dar cabida a los ejemplares.

Queda claro, pues, que los tres estaban impulsando el proyecto de manera discreta, y que habría cuajado, de no haber sido por el prematuro anuncio de Gómez Sequeira y la posterior reacción de la opinión pública. De hecho, aún en el reportaje del periodista Manuel Ansede, Fernández Vara reconocía a Gómez Sequeira como pariente lejano, y aludía al futuro museo como un importante reclamo para «atraer turismo».

Sin embargo, tras constatar el rechazo que provocaba la noticia, el alcalde anunciaba que no cedería ningún edificio para la colección de Gómez Sequeira: por su «concepto de caza», por confesarse «franquista», por sus problemas con el fisco y por haber «matado animales de más de 420 especies». E, inmediatamente, Vara apoyaba al edil, y declaraba que el empresario no era su familiar y que el proyecto no era «oneroso».

Ahora pues, si repasamos los acontecimientos, nos daremos cuenta de que algo no cuadra en la historia. Porque no se entiende la sobrevenida estupefacción del alcalde ante la evidencia de los incontables safaris o de la posición fiscal e ideológica del empresario, ni que Vara se refiriera a un lejano vínculo familiar con Gómez Sequeira y, posteriormente, negase el parentesco, ni que el presidente diga que el proyecto no iba a suponer importantes gastos, cuando el expresidente de Sanitas barajaba una valoración de «10 o 12 millones de euros, para que el presupuesto de la Junta» no fuese «excesivo».

O sea, que todo apunta a que el alcalde y el presidente tomaron el atajo de la mentira para borrar el rastro de su implicación en la promoción del costoso y polémico proyecto. Y eso, en los cargos públicos, debería ser, cuando menos, motivo de reprobación.

*Diplomado en Magisterio.