Volvemos a la campaña, ese período de tiempo aborrecido por muchos ciudadanos al ver cómo determinados políticos prometen y vuelven a prometer lo incumplido. Incluso cuando se ha hecho ante notario. Doy fe.
En ese contexto, presenta el gobierno de la Junta de Extremadura un decreto ley de medias contra la exclusión social, por su urgencia. Urgencia después de más de diez meses de gobierno, de haberlo anunciado en las anteriores elecciones, y de no evitar el colapso del sistema de renta básica por el que más de 3.000 extremeños la esperan como agua de mayo, porque la necesitan para algo tan elemental como para comer.
El decreto ley no soluciona esos problemas en la renta básica sino que los agrava, al ampliar el plazo de tramitación de la renta básica, contemplar un silencio positivo donde no se específica plazo de comprobación de requisitos esenciales para acceder al cobro, y se elimina el cobro con carácter retroactivo.
Una urgencia que lleva a la Junta a presentar un decreto con defectos de forma y de fondo. Probablemente hayan confundido la urgencia con la emergencia, pero la electoral.
Vuelven a cometer el mismo error que con los presupuestos. Las minorías parlamentarias hacen necesario la existencia de mucho diálogo para llegar a consensos, y en esa cultura no parecen haber crecido políticamente quienes hurtan al Parlamento la posibilidad de enriquecer normas que debieran ser duraderas y quedar fuera de cualquier vaivén.
Para el Grupo Popular las personas, y en especial las más vulnerables, merecen la apertura de un proceso de diálogo donde se aporte y se enriquezca un texto que ciertamente lo necesita.
Venimos demostrando que Extremadura no se construye solo desde el Gobierno sino también desde la oposición y, por eso, tendemos la mano. Si lo hicimos con los presupuestos 2016 o con el pacto por el ferrocarril. Si lo hicimos en legislaturas pasadas con la ley de educación, con el plan de internacionalización, la ley de gobierno abierto o la ley de accesibilidad universal, ahora también podemos hacerlo para que las personas que confían de buena fe en el decreto ley no vean frustradas sus expectativas cuando la aplicación del mismo fracase.
