El sociólogo Artemio Baigorri ha hecho un estudio sobre la población emigrada extremeña que cuantifica la fractura que supuso la hemorragia de la emigración en la segunda mitad del XX. Dice que el 40% de los extremeños reside fuera, de lo que se deduce que si no se hubiera producido el fenómeno migratorio Extremadura tendría 1,5 millones. Este hecho, unido a que hay más extremeños de entre 40 a 64 años viviendo fuera que dentro, sitúa la verdadera dimensión de lo que ha supuesto la masiva salida de sus habitantes: su incapacidad para alcanzar estándares de desarrollo como los de otras zonas de España. La emigración fue el resultado de la decisión política de privilegiar el norte español y la constatación de que a Extremadura se le había asignado el papel de perdedora. Ahora bien, para que vuelvan los emigrantes es necesario darle la vuelta a la tortilla. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado viernes el anteproyecto de ley del Estatuto de los Extremeños en el Exterior, plataforma que pretende dar facilidades para el retorno. Será un instrumento bienintencionado, pero siempre estará supeditado a las condiciones de vida: si los extremeños se fueron porque aquí no había trabajo, sus descendientes volverán cuando aquí haya igual o mejor trabajo que en las zonas a las que se fueron. Y mientras aún haya un 30% de emigrantes que piense que las oportunidades en otras regiones son mayores, ganar población será una tarea titánica y utópica.
