La decisión de Rodríguez Zapatero de nombrar a un juez conservador y profundamente religioso para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resultado determinante para que el CGPJ fuera ayer incapaz de emitir un informe sobre la ley del aborto. Nunca en la historia del órgano de gobierno de los jueces había ocurrido algo semejante. Y sucedió porque Carlos Dívar votó siempre junto al bando conservador, contrario a la ley de plazos. Fue decisiva también la votación del vocal designado por CiU, Ramon Camp, quien impidió con su voto contrario que prevaleciera la opción conservadora, pero evitó con su abstención que se impusiera la defendida por los vocales progresistas y por la representante de un partido tan católico como el PNV.
El CGPJ valoró dos informes, uno de cada sector, de modo que los parlamentarios dispondrán de los dos textos. En el polémico punto del aborto a los 16 años, el informe progresista acepta que la decisión sea de la mujer, aunque recomienda que los padres estén informados. En la pasada legislatura, el CGPJ se dividía escandalosamente casi siempre de acuerdo con la ideología de los vocales afines a los partidos que los designaron. Renovar el organismo costó meses. Al final, se logró. Pero si eso se traduce, como ahora, en la inoperancia, poco o nada habremos ganado.
