Nunca, desde que se tiene registro, ni siquiera en el punto más crítico de la crisis del 2008, se había destruido tanto empleo en España como en el segundo trimestre de este año. Más de un millón de empleos, según la encuesta de población activa (EPA), perdidos en solo tres meses, que coincidieron con el estado de alarma y el confinamiento por el coronavirus (en Extremadura, 4.500 empleos destruidos si bien sube los inactivos a más de 19.000). Las cifras, nefastas, ya venían anticipadas por los malos datos del primer trimestre. La titubeante temporada turística, torpedeada con las recomendaciones de países como el Reino Unido, Francia o Alemania a sus ciudadanos de no viajar a destinos españoles, siembran de dudas el futuro del mercado laboral en toda España.
El descalabro por las cancelaciones de viajeros evidencian la excesiva dependencia del turismo de sol y playa, un desequilibrio que tendrá la oportunidad de corregirse si los fondos de recuperación de la UE se destinan a un modelo productivo más eficiente. Pero este es un reto a largo plazo, mientras que la abrupta pérdida de empleos de este segundo trimestre obliga a actuaciones inmediatas, en forma de ayudas públicas.
La aprobación del decreto ley de los expedientes de regulación de empleo (ertes) por fuerza mayor derivada del covid-19 lograron amortiguar el desplome -a pesar de los problemas para cobrar la prestación-, ya que fueron una alternativa al despido de millones de trabajadores.
Según el INE, en el peor momento de la pandemia 3,4 millones de personas estuvieron sujetos a un erte. Aunque la paulatina vuelta a la actividad ha devuelto a sus puestos de trabajo a muchos de estos, las incertidumbres (sobre todo en hostelería y restauración) hacen prever que los ertes seguirán siendo claves para la supervivencia de empresas y trabajadores. El diálogo social hizo posible el mes pasado una prórroga del decreto ley hasta el 30 de septiembre, un plazo que con los últimos rebrotes podría tener que revisarse para no dejar en el abismo a cientos de miles de familias. En cualquier caso, el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre los ertes son el ejemplo a seguir para afrontar la actual crisis.
La recuperación exigirá esfuerzos por parte de todos, trabajadores, empresarios y políticos, y la cintura necesaria para negociar una solución aceptable para todas las partes.
