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editorial

Las empresas españolas en Cuba, en la diana

 

La preocupación de las empresas españolas en Cuba, tras la activación del título III de la ley Helms-Burton, está plenamente justificada. Esta norma, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a las empresas extranjeras que se benefician de propiedades confiscadas por la Revolución cubana desde 1959, ha abierto la caja de los truenos. Suspendida desde 1996 por Clinton, no sorprende que haya sido Trump quien haya decidido su puesta en marcha. A diferencia de sus antecesores en el cargo, al actual presidente de EEUU no parece importarle las consecuencias diplomáticas que comporta una medida de este calibre. En su obsesión por asfixiar a Cuba, como ocurre con otros frentes de su política exterior (Irán, China...) Trump ignora los efectos de sus irresponsables actos.

Las empresas extranjeras que operan en Cuba han quedado atrapadas en el fuego cruzado de la ofensiva lanzada por la Administración de Trump para endurecer el embargo sobre la isla y asfixiar a la economía cubana. La activación de la ley ha dejado a las empresas españolas expuestas a una potencial lluvia de demandas, particularmente las hoteleras, las aerolíneas y los bancos, según los expertos. Los primeros litigios ya se están cocinando. Todos los presidentes desde Clinton suspendieron el título III de la ley Helms-Burton para evitar los conflictos diplomáticos con sus aliados. Pero Trump ha ignorado esas consideraciones en su intento de hundir a los regímenes socialistas de América Latina y ganar votos en Florida. Su Administración ha definido a Cuba, Venezuela y Nicaragua como la «troika de la tiranía».

En el caso cubano, las compañías españolas son las más expuestas a una guerra judicial. España es uno de los principales inversores en Cuba, sobre todo en hoteles, pero también podrían verse afectados otros sectores, como la banca y las aerolíneas. Ni el Gobierno español ni la UE se quedarán de brazos cruzados ante una eventual lluvia de demandas contra sus compañías, y tienen previstos mecanismos como el estatuto de bloqueo para contrarrestarlas. Sin embargo, y aunque se cuestiona la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en este asunto, la batalla judicial se prevé larga y nada conveniente para los inversores. Por ello, es imprescindible que desde el primer minuto la respuesta europea sea de firmeza y unidad.