TLta Justicia es, debe ser, igual para todos. Para el delincuente común y para el delincuente político. Pero hay que cuidar también, a la hora de interpretar esta igualdad, de no extremar el rigor contra unos, por ser delincuentes políticos, frente a otros cuyas transgresiones tienen otro carácter.
Lo primero de todo, porque no debería existir distinción entre unos y otros. En España no hay delincuentes políticos: hay personas que violan los supuestos del Código Penal. No me parece, por tanto, que un personaje como Arnaldo Otegi , cabeza visible de un partido ilegalizado, deba ser tratado por el juez o por el fiscal de manera especial simplemente por ese carácter. Otegi ha sido llamado por el juez porque, presuntamente, ha quebrantado las normas de la libertad condicional al haber organizado una huelga (fallida, por cierto) de la que se derivaron disturbios.
¿Se encarcelaría con tanta premura y publicidad a alguien sobre quien pesase la misma presunción de haber cometido los delitos que se achacan a Otegi? No estoy seguro de que todos los jueces actuasen en un mismo sentido: unos se inclinarían por pedir prisión con fianza y otros no lo harían, probablemente. El magistrado Grande-Marlaska , en una sin duda a su parecer recta interpretación de sus atribuciones se inclina por el encarcelamiento del hoy aún enfermo Otegi. Probablemente acabe por llevarle a la cárcel, de donde el dirigente batasuno saldrá a las pocas horas o a los pocos días tras pagar la fianza. En todo caso, no me parece obligatorio llevar a Otegi a prisión, por más que mucha gente pudiera desear que se le prive de libertad. Pero una cosa es una cosa y otra, otra. El juez, que decidió atender los informes médicos y aplazó hasta el próximo miércoles la comparecencia del líder batasuno, se inclina, parece, por una de las dos posibilidades: decretar prisión. Entonces se acusará al juez Grande-Marlaska de estar boicoteando el proceso de paz, cuyo inicio ha comenzado a apuntarse tras los dos comunicados de ETA de esta semana. Y sin duda que en el ánimo del juez no se halla producir tal boicot, aunque las consecuencias del encarcelamiento de Otegi pudieran derivar en algún tropiezo en el camino de la pacificación del País Vasco. El motivo de la aplicación de las leyes no es, no debe ser, de acuerdo con las teorías garantistas a las que España se acoge, la venganza de la sociedad contra el delincuente, sino procurar mantener un orden social justo, al tiempo que la reinserción de ese delincuente. Aunque sé que el tema es motivo de fuerte controversia, pienso que la ley no puede ser motivo de escándalo ni producir males mayores de los que trata de evitar. Juzgue el lector, a la vista de todo esto, si Otegi debe ser encarcelado precisamente ahora.
*Periodista
