El Gobierno socialista ha confirmado que paralizará durante dos años las disposiciones más contestadas de la reforma educativa del PP, que no estaban en vigor y debían introducirse en el curso próximo. Mantendrá, en cambio, la repetición con tres suspensos, que ya funciona, aunque las comunidades podrán aplicarla de forma flexible en uso de sus competencias. Una interpretación que los diferentes responsables autonómicos deberían concretar cuanto antes. En cambio, no se impondrán los itinerarios que segregaban a los alumnos a los 14 años según su nivel ni una reválida que chocaba con una prueba de selectividad inaplicable ni se obligará, como estaba previsto, a estudiar Religión o una alternativa a ella.
En la práctica, el año próximo regirá la misma normativa que en éste. Y no habrá nuevas reformas hasta dentro de dos cursos, tras un pacto más amplio que la unilateral ley de calidad de Pilar del Castillo. Nada tiene que ver esta reconducción razonable del debate educativo con el "caos y alarma" en las escuelas que ayer aireaba el PP. El partido de Rajoy parece fomentarlo al radicalizar su defensa de la LOCE en las autonomías que controla, como si no se hubiera dado un cambio de Gobierno y de mayoría parlamentaria.
