XExl pasado 26 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables (PER) para el periodo 2005-2010, con la pretensión de "reforzar los objetivos prioritarios de la política energética del Gobierno, que son la garantía de la seguridad y calidad del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente, y con la determinación de dar cumplimiento a los compromisos de España en el ámbito internacional (Protocolo de Kioto, Plan Nacional de Asignación) y a los que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea" (reseña del Consejo de Ministros).
El PER mantiene los compromisos del anterior Plan de Fomento, en el sentido de que, en 2010, el 12,1% del consumo de energía primaria en España sea abastecido por energías renovables, y que la producción eléctrica con estas fuentes alcance el 30,3% del consumo bruto de electricidad en la fecha señalada, lo cual, --dado el incremento del consumo energético que se viene produciendo en los últimos años--, supone aumentar sustancialmente, con relación al anterior Plan de Fomento, la aportación de las distintas fuentes renovables, destacando el importante incremento de la contribución de la energía eólica que se pretende supere los 20.000 megavatios instalados en 2010, frente a los 13.000 megavatios del anterior plan, o a los 8.000 megavatios ya instalados en 2004. Dado el grado de madurez del sector eólico, que no requiere subvenciones públicas para incentivar las inversiones, el apoyo público del PER se limita al mantenimiento de las primas establecidas para la producción de energía eléctrica del régimen especial.
Apenas un mes después de aprobarse el PER, la Junta de Extremadura aprueba el Decreto 192/2005 de 30 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones para la producción de energía eléctrica, a partir de la energía eólica, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Podría pensarse que con esta norma reguladora, la Junta de Extremadura materializa su compromiso con los objetivos del Plan de Energías Renovables, en el que se contempla una modesta aportación de nuestra región: 225 megavatios (1,1% del objetivo nacional). Lamentablemente no es así: la lectura del decreto pone de manifiesto que el Gobierno regional no ha cambiado ni un ápice su postura anterior y que la aportación extremeña al mapa eólico español y europeo seguirá siendo la misma que hasta ahora, es decir, nada, 0 megavatios.
La exigencia de que el promotor de una instalación eólica tenga que crear "tres empleos estables y directos en proyectos industriales y/o empresariales promovidos con ocasión de la instalación, pero diferentes a los creados por la construcción y mantenimiento del parque, por cada megavatio de potencia que se pretenda instalar en el parque eólico", hace inviable, desde mi punto de vista, la instalación de ningún parque eólico en nuestra región, mas aún cuando el decreto exige que los citados puestos de trabajo se creen en el área de influencia socioeconómica , es decir, dentro de la mancomunidad en la que se pretenda instalar el parque, o a menos de 30 kilómetros de la instalación.
Por si no fuese suficiente la anterior exigencia para desmotivar a posibles promotores, el decreto establece como zonas excluidas, --en las que no se autorizará la construcción de parques eólicos--, los espacios naturales de la región: Zepas, LIC y parques naturales, junto con otras sierras y parajes, lo cual excluye las escasas zonas en las que el potencial eólico existente haría viable la instalación de un parque. El mantenimiento de esta exclusión previa, --sin permitir siquiera que se analice medioambientalmente cada proyecto de parque, como se hace con otras instalaciones y actividades infinitamente más agresivas con el medio ambiente--, (al margen de poner de manifiesto la arbitrariedad y falta de criterio de los responsables de la política ambiental de la Junta), es la guinda del pastel cocinado por el Gobierno regional, a sabiendas de que nadie va a poder comerlo.
Con esta decisión, la Junta no sólo no contribuye a la consecución de los objetivos ambientales y de seguridad energética establecidos y compartidos por la Unión Europea, el Gobierno de la nación y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, (ya somos suficientemente solidarios con Almaraz dijo un día el presidente), sino que, --lo cual resulta aún más grave--, se da de lado a la posibilidad de crear empleo y riqueza en nuestra región a un sector que genera importantes inversiones (casi 1 millón de euros por megavatio instalado), que crea un considerable número de empleos, que origina unos ingresos importantes para las administraciones (incluidos los ayuntamientos) y que genera sustanciosos dividendos a los propietarios de los parques, dividendos que podrían quedarse en la región sólo con regular o propiciar la participación de empresas y entidades extremeñas, públicas y privadas, en el accionariado de las empresas promotoras, como viene ocurriendo desde hace años en Navarra, Castilla la Mancha, Valencia, Galicia o Andalucía. ¿Es a esto a lo que llama el presidente de la Junta "ser adultos también desde el punto de vista económico".
*Director de la consultora Depaex
