Cada vez que se denuncia que la Seguridad Social no está en condiciones de afrontar una prestación se abre la duda sobre si este entramado de asistencia pública adolece de una buena gestión, o refleja una falta de financiación adecuada. Si es lo primero, todo queda en un ejemplo más de la parálisis de las administraciones. Si es lo segundo, el síntoma sería más grave, porque afecta al modelo de cotizaciones --distinto de los impuestos-- que mantiene nuestro Estado del bienestar. Los datos que recoge hoy este diario aportan una pista sobre como se mueve la relación entre las empresas obligadas a cotizar y las administraciones que han de recaudar. Ganan, por paciencia, las segundas. La Seguridad Social, con el mejor apoyo de la Agencia Tributaria, el Registro de la Propiedad y el Catastro, ha mejorado su recaudación ostensiblemente. En seis años, ha pasado de revisar las cotizaciones de 5.105 a hacerlo en 62.974. La presión de los inspectores ha surtido efecto. Tienen disculpa los errores contables involuntarios por culpa de la abstrusa redacción de las normas tributarias, pero lo más abundante es la detección de sociedades que basan su ventaja competitiva en no pagar impuestos ni cotizaciones. La Seguridad Social no tiene un órgano propio de recaudación similar a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda. Difícilmente se va crear, dado el temor de los políticos a quedar vinculados al desprestigio de la recaudación. Pero ha de quedar constancia que engañar a la Seguridad Social es una mala práctica empresarial, por partida doble: quien no cotiza perjudica tanto a la libre competencia como al modelo de bienestar.
