El golpe dado en la madrugada de ayer por las fuerzas de seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) a Segi, la organización juvenil ilegalizada de Batasuna, con la detención de más de una treintena de militantes, ha supuesto, según el Ministerio del Interior, la desarticulación de una de las bases de apoyo a ETA más importantes. La operación policial culmina así una serie de detenciones anteriores que llevaron sucesivamente al desmantelamiento de las cúpulas del aparato militar, logístico y político de ETA, y al encarcelamiento de los dirigentes de Batasuna más destacados.

El mensaje del Gobierno desde la ruptura de la última tregua --atentado de Barajas del 30 de diciembre del 2006 y comunicado de ETA de 6 de junio del 2007-- hay sido claro e invariable: no hay lugar para un nuevo proceso que pretenda lograr un final dialogado de la violencia si, previamente y de forma constatable, ETA no deja las armas. Solo en este supuesto podrá empezar a hablarse de la situación de los presos y de los posibles mecanismos de reinserción que se abran en esa nueva situación. Así pues, son inútiles todos los esfuerzos que pueda hacer un sector de la izquierda aberzale para volver a los planteamientos del discurso de Anoeta de 14 de noviembre del 2004, en el que Arnaldo Otegi abogó por sacar el conflicto de la calle y llevarlo a la mesa de negociación. Fue un anuncio que evidenció que los contactos hacía ya tiempo que habían empezado y que se podía poner en marcha un proceso de negociación. Pero han sucedido demasiadas cosas desde aquella fecha.

Se equivoca gravemente la izquierda aberzale si cree que con una repetición del discurso del proceso anterior se le abrirán las puertas de la legalización, porque ni el Gobierno ni los ciudadanos vascos son sensibles ya a promesas que suenan a música pasada. El futuro del sector de la izquierda aberzale que se ha mantenido fiel a ETA solo tiene ante sí dos caminos: o la ilegalización y la cárcel, en una interpretación en ocasiones polémica de que forma parte del entorno de ETA pero repetidamente avalada por los tribunales; o la legalización y la acción política si se produce una condena clara y sin paliativos de la violencia. Esto último entraña, además, desmarcarse claramente de la banda. Las otras vías posibles las exploró con creces el Gobierno durante la tregua, y la sociedad vasca está harta de la violencia, como se desprende de la progresiva pérdida de apoyo social de la izquierda aberzale, que ya no es capaz de movilizar a sus simpatizantes ni siquiera a raíz de la detención de sus principales y más carismáticos dirigentes.